Desde la Contraloría General de la República han mantenido una defensa cerrada de su potestad, argumentando que no existe ilegalidad y que su único objetivo es auditar el correcto uso de los recursos públicos
La Corte de Apelaciones de Valparaíso dictó una resolución clave que debilita la ofensiva de la contralora Dorothy Pérez por obtener información privada de menores de edad. El tribunal de alzada decretó una orden de no innovar (ONI), lo que paraliza de forma inmediata el polémico requerimiento de datos sensibles de niños y adolescentes trans que se encuentran en programas del Ministerio de Salud (Minsal).
La controversia, que estalló a mediados de enero, se originó cuando el organismo fiscalizador solicitó al Minsal detalles específicos como RUT, nombre social, identidad de género y el hospital donde cada menor realiza su tratamiento. Según consignó una investigación de 24 Horas de TVN, esta es la primera vez que la justicia acoge un recurso de este tipo contra el llamado “oficio Pérez”, lo que representa un duro revés para la estrategia de fiscalización de la entidad.
La acción judicial fue impulsada por familiares de los menores, quienes acusan que la petición de Contraloría es “arbitraria e ilegal” al ignorar tratados internacionales de protección a la infancia y la Ley de Protección de Datos. Con esta medida cautelar, la Ministra de Salud queda liberada de posibles multas o suspensiones en caso de negarse a entregar la información mientras no se resuelva el fondo de la causa.
Desde la Contraloría General de la República han mantenido una defensa cerrada de su potestad, argumentando que no existe ilegalidad y que su único objetivo es auditar el correcto uso de los recursos públicos. No obstante, la Defensoría de la Niñez ya había advertido que cualquier acción estatal debe priorizar el interés superior del niño por sobre otras facultades administrativas.
El escenario judicial queda ahora a la espera de un fallo definitivo. Los ministros de la Corte podrían optar por una salida intermedia: validar la auditoría financiera pero ordenando que todos los datos de los pacientes sean completamente anonimizados para resguardar su privacidad. En cualquier caso, se espera que la disputa termine siendo resuelta por la Corte Suprema.
