En el marco de una auditoría sobre el uso de recursos públicos entre los años 2023 y 2025, el organismo fiscalizador solicitó a las subsecretarías de Salud y de Redes Asistenciales el listado completo de beneficiarios del Programa de Apoyo a la Identidad de Género (PAIG) y del programa de salud trans
Un complejo escenario administrativo y judicial se ha desencadenado entre la Contraloría General de la República (CGR) y el Ministerio de Salud (Minsal). El conflicto gira en torno a la exigencia de la contralora, Dorothy Pérez, de acceder a información altamente sensible de niños, niñas y adolescentes (NNA) que forman parte de programas de identidad de género, una medida que Salud ha rechazado tajantemente para proteger la intimidad de los menores,.
La exigencia de la Contraloría: Fichas y fármacos bajo la lupa
En el marco de una auditoría sobre el uso de recursos públicos entre los años 2023 y 2025, el organismo fiscalizador solicitó a las subsecretarías de Salud y de Redes Asistenciales el listado completo de beneficiarios del Programa de Apoyo a la Identidad de Género (PAIG) y del programa de salud trans,.
La petición no es menor e incluye datos extremadamente específicos:
- Identificación completa: RUT, nombres sociales y registrales, y fechas de nacimiento.
- Detalles clínicos: Fecha de ingreso al programa, identidad de género y el recinto hospitalario donde se atienden.
- Terapia hormonal: Un desglose del «arsenal farmacológico», que contempla el tipo de medicamentos, las dosis ingeridas por cada usuario y los costos asociados.
El rechazo del Minsal: «Interés superior del niño»
La autoridad sanitaria respondió formalmente el pasado 12 de enero, declarando su imposibilidad legal de entregar dichos antecedentes. Según el ministerio, no cuentan con facultades para vulnerar datos sensibles que están protegidos por el derecho a la vida privada.
El Minsal argumenta que revelar la identidad de menores vinculados a estos programas no solo infringe su privacidad clínica, sino que los expone a una estigmatización grave. La defensa del ministerio se apoya en normativas internacionales, como la Convención de los Derechos del Niño, enfatizando que su obligación primordial es velar por el desarrollo integral y la dignidad de los pacientes.
Amenazas de sanción y batalla judicial
Pese a la negativa, la contralora Dorothy Pérez insistió en su requerimiento el 14 de enero, argumentando que las instituciones están obligadas a proporcionar información para verificar el cumplimiento de políticas públicas y el destino de los fondos. La CGR ha advertido que, de persistir la negativa, los directivos responsables podrían enfrentar multas de sueldo o incluso la suspensión de sus cargos,.
El caso ha escalado a la Corte de Apelaciones de Santiago tras un recurso de protección presentado por la Corporación Be Yourself, organización que agrupa a familias de menores en transición,. El recurso califica la solicitud de «arbitraria e ilegal», señalando que la Contraloría no ha aclarado el objetivo de manejar datos tan reservados que afectan la honra y la seguridad de las familias,.
Este proceso judicial representa una «prueba de fuego» para la gestión de Pérez, ya que los tribunales deberán determinar si la facultad fiscalizadora del Estado puede prevalecer sobre la protección reforzada que el derecho internacional y la Constitución otorgan a los datos personales de la infancia,. Se espera que, independientemente del fallo inicial, la controversia sea finalmente resuelta por la Corte Suprema.
