Las democracias a menudo se equivocan en el diagnóstico. Confunden el ruido o la imagen con la gravedad de los hechos. Se agitan ante un escándalo explícito, los gestos burdos o la transgresión grosera y, al mismo tiempo, toleran, no sin una dosis de inquietante resignación, el curso silencioso de procesos viciados que, sin mayores sobresaltos ni titulares espectaculares, erosionan sus cimientos más profundos.
La comparación entre el llamado caso de la Muñeca Bielorrusa y el caso Curauma resulta, en ese sentido, reveladora. El primero responde a una tipología repetida en nuestro sistema judicial, según nos enteramos masivamente desde hace poco. Tráfico de influencias, circulación oscura de dinero y pagos ilegales, favores discrecionales, manipulación de procesos, todos con nombres propios. Provoca indignación pública inmediata porque vulnera un tabú esencial de la democracia: la presunción de una justicia incorruptible y proba. Su gravedad es indiscutible pues su contorno se desarrolla de manera clara. Los hechos son identificables, las responsabilidades delimitables y el daño institucional, aunque serio, se acota a las consabidas manzanas podridas.
La quiebra de Curauma S.A pertenece a otra categoría de problemas, pero sin tanta notoriedad. No se trata sólo de corrupción personal ni de un desvío individual, sino de un proceso prolongado y sistemático de distorsión institucional. No tiene sobres ni grabaciones, sino decisiones formales ilegales de órganos del Estado, entre ellos tribunales, que han sido capturados por un interés privado. Y que en la parsimonia y minucia burocrática con que se los trata adquieren tono de legalidad. Pero son competencias forzadas de funcionarios públicos, valoraciones que no resisten un examen económico mínimamente riguroso y, sobre todo, una inercia y decisiones planificadamente lentas, cuyo resultado final tiene la misma eficacia de un acto deliberado y violento que resulta impune.
La diferencia en las tipologías es sustantiva. En el caso de la exministra Vivanco y su transgresión de jueza se traiciona la ley de manera violenta. En Curauma se la traiciona vaciándola de contenido. Si un activo económico de magnitud estratégica —capaz de articular desarrollo territorial, inversión y proyección regional como era Curauma— queda paralizado o desnaturalizado mediante mecanismos que no resisten un escrutinio jurídico serio, el daño deja de ser episódico y se vuelve estructural.
Las democracias no se vacían solo por la corrupción flagrante, sino por la normalización de la injusticia. Peor aún si los hechos son complejos. El problema de fondo no es que existan episodios de deshonestidad individual, algo que siempre, lamentablemente, ha acompañado a las sociedades humanas. El problema radica en que el sistema sea incapaz de absorber la captura conteniéndola o previniéndola, y que la apropiación indebida de activos trascendentales sea posible y no se genere una reacción proporcional a la magnitud del daño individual y social que se genera.
Si el criterio es el impacto social real y no solo el estruendo mediático, el caso Curauma resulta tanto o más grave que un escándalo como el de la Muñeca Bielorusa. Pues, aunque no exhiba la corrupción en su forma más vulgar y escandalosa, revela algo mucho más inquietante: un Estado que ha aprendido a convivir, sin alarma ni tensión ética, con la manipulación y la omisión de la justicia, dilapidando así los pilares de su propio futuro.
En medio de la enorme desconfianza ciudadana sobre la justicia y la probidad en el país parece ser el momento adecuado para reflexionar y tomar conciencia sobre el desempeño del Poder Judicial.
