El subrogante de Justicia sostuvo que actuó acatando fallos de la Corte Suprema y fijó la suspensión de todos los trámites mientras el Ejecutivo evalúa vías para revertir los beneficios penitenciarios.
En medio de la fuerte conmoción pública generada por la concesión de beneficios penitenciarios a condenados por delitos sexuales contra menores y faltas a los derechos humanos, el subsecretario de Justicia, Luis Silva, rompió el silencio para abordar la polémica que salpica a la repartición gubernamental. A través de una declaración difundida en sus redes sociales, la autoridad enfrentó las críticas tras ser ratificada su rúbrica en diversos decretos exentos y luego de revelarse un requerimiento administrativo donde “pidió a la presidenta de la Corte de Apelaciones de Santiago rebajar la condena al exagente de la CNI” Patricio González Cortez —sentenciado a diez años de prisión por la desaparición de cinco integrantes del FPMR en 1987—, medida que previamente había sido descartada por la Corte Suprema.
En su pronunciamiento, la autoridad “reconoció la indignación ciudadana” ante el impacto de las decisiones adoptadas por el aparato estatal, enfatizando que “Yo aparezco firmando algunos de esos decretos y quiero explicar por qué”. Frente a las sospechas sobre la orientación del gabinete, Silva descartó de plano cualquier intencionalidad de favorecer a los reclusos sosteniendo que “ni el ministro ni yo buscábamos que ninguno de esos criminales salieran de la cárcel ni un solo día antes” de la fecha estipulada. Asimismo, precisó que la entrega de atenuaciones responde a un marco institucional regulado donde “un procedimiento en el que intervienen cuatro organismos diferentes: Gendarmería de Chile, una comisión integrada por profesionales y jueces presidida por un ministro de la Corte de Apelaciones, la Secretaría Regional Ministerial de Justicia y el propio ministerio”.
Al argumentar el cambio de postura en la tramitación de los expedientes, el subsecretario detalló que al inicio del período gubernamental la línea de la cartera fue de rechazo sistemático. “Cuando llegamos a este ministerio, rechazamos las rebajas de condenas. Yo mismo firmé varias”, expuso el personero, indicando que la conducta administrativa debió modificarse ante las exigencias impuestas por el máximo tribunal del país. Silva remarcó que los pronunciamientos judiciales obligaron a revertir los rechazos originales bajo la premisa de que “las decisiones de los tribunales de justicia se cumplen”, recordando que durante la gestión de Gabriel Boric los secretarios de Estado resultaron de igual forma “obligados por los tribunales de justicia a revertir esa decisión”, aunque admitió de forma autocrítica que de cara a los afectados “el resultado es exactamente el mismo”.
Respecto a su responsabilidad formal en la promulgación de los documentos, la autoridad explicó el mecanismo de suplencia legal aplicado al interior del gabinete. “A quien le corresponde firmar es al ministro de Justicia, pero cuando el ministro no está, lo subrroga el subsecretario. Y cuando el subsecretario subrrogando al ministro de Justicia firma, lo hace aplicando el criterio fijado por el propio ministro y eso fue lo que hice”, aseveró Silva, desmarcándose de un margen de discrecionalidad propia en la revisión de los casos.
Como plan de contingencia para contener los efectos de la crisis, el subsecretario anunció que la cartera dispuso congelar la tramitación de todas las solicitudes pendientes e inició análisis jurídicos para determinar “si es posible y cómo revertir los efectos de las rebajas concedidas”. A ello sumó el respaldo a una “reforma legal que impida que nunca más vuelva a ocurrir algo asi”, garantizando el derecho de las víctimas a ser escuchadas en el proceso. A modo de cierre, la autoridad asumió la deuda comunicacional del Ejecutivo concluyendo que existen “muchas preguntas sin responder, intentaré hacerlo más adelante. Cuando el Estado falla, no basta con explicar, hay que hacerse cargo”.
