Una crisis que no para de escalar en La Moneda
Todo parte entre marzo y septiembre de 2026. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a cargo del ministro Fernando Rabat, firma 56 decretos exentos de rebaja de condena. El detalle que detona la crisis: 29 beneficiados estaban condenados por violación y 27 por abuso sexual contra menores de edad.
La cifra se conoce a mediados de octubre y genera una reacción transversal: desde la oposición hasta el propio oficialismo piden explicaciones.
EL PUNTO DE QUIEBRE: MAYO
Rabat transparentó que durante los dos primeros meses del gobierno de José Antonio Kast, su cartera de hecho peleó judicialmente para NO entregar esas rebajas.
El giro ocurre el 14 de mayo. Ese día, la segunda sala de la Corte Suprema dejó sin efecto el decreto exento N°1218 del Ministerio de Justicia del 23 de abril, que había rechazado rebajar la pena a Leandro Antonio Uribe Vásquez, condenado en 2021 a cinco años por violación de un adolescente. La Suprema ordenó acoger su recurso de amparo.
Según la revisión de causas del Poder Judicial, esa fue la última vez que el Ministerio se opuso. Desde entonces cambió de criterio.
La versión oficial de Rabat: «La decisión la tomamos aproximadamente en el mes de mayo del año 2026, luego de haber seguido lo que había sido una tendencia, que era rechazar estas solicitudes y nos preguntamos qué es lo que estaba pasando. Y concluimos que, a nuestro entender, estábamos frente a un problema de orden constitucional».
Desde la Corte Suprema, en tanto, descartaron tener responsabilidad directa en la entrega del beneficio.
LA DEFENSA DEL MINISTRO
Interpelado, Rabat evitó entrar en si su permanencia daña al Gobierno y se remitió a Kast: «Bueno, yo creo que la respuesta se la dio ayer el Presidente de la República, habiendo ratificado a este Ministro de Justicia».
En entrevista posterior fue más enfático: «No he pensado en renunciar. El Presidente de la República me invitó a una cuestión que es maravillosa, que es servir a Chile, y espero acompañar al Presidente de la República durante sus 4 años de mandato».
Además reconoció que lo más probable es que los 56 beneficiados ya estén en libertad: «No me toca una respuesta absoluta, lo más probable es que sí».
EL QUIEBRE EN EL OFICIALISMO
La ratificación presidencial no contuvo la crisis. Los diputados oficialistas Eduardo Durán (RN), Omar Sabat (UDI) y Marlene Pérez (ind-UDI) pidieron abiertamente la salida de Rabat, priorizando la protección de niños, niñas y adolescentes por sobre consideraciones políticas.
La tensión escaló dentro de Chile Vamos. En RN, el diputado Andrés Longton renunció a la subjefatura de bancada en protesta por la postura de la senadora María José Gatica, quien exigía la renuncia del ministro pese al respaldo de Kast.
En el Congreso, incluso parlamentarios oficialistas dieron luz verde a un texto que manifestaba el rechazo a la gestión del ministro. La Cámara aprobó con 89 votos expresar su «profunda preocupación y rechazo» al criterio adoptado durante 2026.
En Republicanos creció la molestia con Chile Vamos, al punto de poner en duda la construcción de una futura coalición amplia o pacto electoral.
La calle también se hizo sentir, con manifestaciones en las afueras del Ministerio pidiendo la salida de Rabat. La encuesta Cadem de esta semana midió el impacto: 77% desaprueba a Rabat y 64% cuestiona que Kast lo mantenga, con un 94% en desacuerdo con las rebajas.
LA ESTRATEGIA DE CONTENCIÓN
El Gobierno intentó pasar a la ofensiva con dos medidas:
1. Suspensión: El 23 de octubre, Justicia anunció formalmente la suspensión de la tramitación de los decretos que conceden rebajas de condena. La medida no anula las 56 ya otorgadas.
2. Agenda legislativa exprés: Reunión en La Moneda convocada por Kast junto a Rabat, Interior (Claudio Alvarado) y Segpres (José García Ruminot) con la presidenta del Senado Paulina Núñez y timoneles de comisiones para coordinar un paquete de reformas en 15 días.
Los proyectos incluyen modificar el procedimiento por conducta intachable, excluir causales, fijar reglas de temporalidad y garantizar el derecho a ser oídas de las víctimas. Además se estudia una vía administrativa para revocar los actos ya firmados.
Hoy la situación sigue abierta. Rabat enfrenta una sesión especial en la Cámara y una amenaza concreta de acusación constitucional, mientras el Ejecutivo intenta que la crisis del Ministerio de Justicia no se convierta en la crisis de todo el gobierno.
