Una demanda de tutela laboral dejó al descubierto la relación informal que mantuvo la magistrada Rosa Aguirre durante casi 17 años con una abogada externa, a quien pagaba por elaborar borradores de sentencias y gestiones personales.
Una severa crisis institucional sacude al Poder Judicial en la Región de Valparaíso tras conocerse los antecedentes que vinculan a la ministra y expresidenta de la Corte de Apelaciones de la ciudad puerto, Rosa Herminia Aguirre Carvajal, con la contratación informal de una profesional para la confección de sus resoluciones judiciales. Frente a la gravedad de los hechos expuestos, el pleno del tribunal de alzada citó a una sesión extraordinaria y de carácter reservado para analizar la conducta de la magistrada, instancia a la cual se dispuso que la jueza no asistirá mientras se extienda la deliberación de sus pares. Desde la corporación precisaron que, tras la conclusión de la jornada de revisión, se informará públicamente sobre las determinaciones adoptadas respecto del caso.
El escándalo estalló a raíz del ingreso de una acción de tutela laboral ante el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago por parte de la abogada Damaris Silva Bravo. En el libelo judicial, la profesional detalló una prestación de servicios no regularizada que se extendió por casi 17 años, durante los cuales asumió el análisis de expedientes, la revisión de causales de nulidad, la búsqueda de jurisprudencia y la redacción de proyectos de fallos que posteriormente eran remitidos a la jueza para su firma o corrección. Para orientar la postura jurídica de las resoluciones, la ministra transmitía indicaciones directas a través de correos electrónicos con instrucciones explícitas como “hay que rechazar”, “hay que acoger” o “hay que revocar”.
El vínculo entre ambas abogadas se inició en 2009, período en que Aguirre se desempeñaba como fiscal judicial en la jurisdicción porteña y Silva actuaba como su asistente. Tras concretarse la permuta que permitió el ascenso de Aguirre como integrante titular de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, la magistrada decidió mantener el esquema de trabajo. Al relatar la consolidación del acuerdo en la demanda, Silva expuso que “en esa oportunidad decidió expresamente que yo continuara trabajando directamente para ella. Desde entonces asumió también de manera directa el pago de las contraprestaciones por mis servicios, consolidándose una relación que se mantendría, con distintas modalidades de ejecución, hasta el día 9 de mayo de 2026”.
Dentro de los hitos reseñados en la presentación judicial destaca un episodio registrado a principios de 2010, fecha en que el tribunal de alzada encomendó el procesamiento de causas laborales pendientes del antiguo sistema. En dicha coyuntura, la ministra derivó a la abogada un lote de aproximadamente 35 expedientes durante el mes de febrero, en momentos en que la jueza hacía uso de su feriado legal, fijando un pago especial de $10.000 por cada sentencia elaborada. Con el paso del tiempo, las labores se trasladaron al domicilio particular de la magistrada en jornadas que se extendían desde las 9:00 hasta las 19:00 horas, incluyendo disponibilidades en fines de semana y horarios nocturnos hasta las 23:00 horas, modalidad que posteriormente derivó en el intercambio remoto de archivos digitales.
La relación de servicios derivó asimismo en tareas ajenas a la función judicial, abarcando la administración de bienes inmuebles, el pago de contribuciones de bienes raíces, la redacción de correos de índole personal y la preparación de contenidos académicos para las clases universitarias dictadas por la magistrada. A cambio de estas funciones, en 2015 se estableció un honorario fijo de $300 mil mensuales transferidos desde la cuenta personal de la jueza, monto al que en 2024 se sumó el uso en comodato de un departamento en la comuna de Santiago como apoyo para sus estudios de posgrado.
El quiebre de la dinámica de trabajo se desencadenó en abril de 2026, cuando la abogada solicitó ajustar su remuneración a la suma de $900 mil mensuales. Ante el requerimiento, la ministra calificó la propuesta como “un tema sensible” y coordinó una cita presencial que se concretó el 9 de mayo de 2026. En dicha reunión, desarrollada en presencia de un familiar de la jueza, la autoridad comunicó el término del vínculo expresando que debían “terminar en buena”, condicionando la salida a la mantención de absoluta reserva sobre las funciones desempeñadas a lo largo de los años.
Tras el fracaso de las gestiones extrajudiciales iniciales y la posterior notificación de la demanda en sede laboral, el conflicto concluyó el 14 de agosto de 2026 mediante la firma de un acuerdo confidencial suscripto en la notaría de Eliana Gervasio en Viña del Mar. El documento público, titulado “Transacción, finiquito y renuncia de acciones”, consignó formalmente que “entre doña Damaris Silva Bravo y doña Rosa Herminia Aguirre Carvajal, quienes mantuvieron durante años una relación de amistad, existió asimismo una relación de cooperación y prestación de servicios de la primera en favor de la segunda”. La transacción contempló un desembolso de $17 millones por parte de la magistrada a favor de la demandante y el retiro definitivo de la acción legal, sellando un pacto de reserva cuya posterior divulgación motivó la apertura de las indagatorias disciplinarias al interior del Poder Judicial.
