El organismo persecutor asignó la causa al fiscal regional Francisco Jacir para determinar eventuales delitos de prevaricación administrativa tras la denuncia presentada por diputados de oposición.
La Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte confirmó este viernes la apertura de una investigación penal en contra del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, y del subsecretario de la misma repartición, Luis Silva. La determinación se concretó luego de que el fiscal nacional, Ángel Valencia, remitiera formalmente los antecedentes recibidos a partir de la denuncia interpuesta por los diputados Luis Cuello (PC) y Juan Santana (PS), en medio de la severa controversia política y social desatada por la concesión de reducciones de condenas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad.
La conducción de la causa quedó radicada en el fiscal regional Centro Norte, Francisco Jacir Manterola, quien desarrollará las diligencias con el apoyo técnico de la Fiscalía Anticorrupción e Investigación Especializada.
Según precisó el Ministerio Público a través de un comunicado, las pesquisas tendrán por objetivo esclarecer si las actuaciones administrativas de ambas autoridades constituyen un hecho punible y fijar las responsabilidades penales que corresponda. De igual forma, el oficio remitido desde la Fiscalía Nacional estableció un plazo máximo de 15 días para informar el Rol Único de Causa (RUC) asignado a las diligencias o comunicar si se resuelve no iniciar el proceso. Desde el organismo aclararon que la sola remisión de los documentos no equivale a una formalización de cargos ni acredita responsabilidad previa.
El libelo presentado por los legisladores opositores apunta a la configuración del delito de prevaricación administrativa, tipificado en el artículo 228 del Código Penal. En la presentación, los querellantes argumentan que los altos mandos de Justicia sobrepasaron el marco legal vigente al aplicar rebajas de penas amparándose en criterios jurisprudenciales, remarcando que el ministro “carece de competencia para hacer prevalecer criterios jurisprudenciales por sobre una norma legal expresa, como tampoco para alterar el principio del efecto relativo de las sentencias”.
El delito de prevaricación administrativa busca sancionar a las autoridades y funcionarios públicos no pertenecientes al Poder Judicial que dictan resoluciones manifiestamente injustas o que incurren en omisiones graves de sus deberes legales.
La legislación chilena distingue dos variantes principales para esta infracción: la forma dolosa, que castiga a quien emite una resolución injusta a sabiendas de su ilegalidad con penas de suspensión del cargo y multas de 11 a 15 UTM; y la modalidad culposa, que sanciona las decisiones injustas derivadas de una negligencia o ignorancia inexcusable con suspensiones y multas de 6 a 10 UTM.
