Antes que leer e interpretar resultados electorales hay que alumbrar criterios, y a eso aspira esta columna. En especial porque estas elecciones han estado rodeadas por un período largo de anomalías como nunca en 30 años de recuperada la democracia.
De manera sucinta se puede señalar que son las primeras de carácter nacional para elegir autoridades locales que se hacen con inscripción automática y voto obligatorio. O sea, no tienen otra previa para compararse. Están impregnadas, además, por una crisis de corrupción de las principales instituciones públicas, especialmente el Gobierno y el Poder Judicial, desde hace ya varios meses. Los bloques políticos de todo el sistema están fraccionados y radicalizados, y enfrentan así la competencia cuando el electorado está mayormente volcado al centro. Ello implica una profunda crisis de representación que, sobre todo repercute en un funcionamiento errático del Congreso Nacional, que vive en el show mediático.
Con un Estado cuyos tres poderes principales están en crisis y sin liderazgo, la Política carece de un núcleo capaz de ordenar la agenda. Por lo tanto, nada permite concluir que el resultado electoral final, cualquiera que sea, servirá para remontar la crisis que vive el país.
¿Entonces qué esperar? Naturalmente la proyección de los resultados tendrá consecuencias, pero solo para los involucrados directamente en ella. Como todo ha estado derivado a la futura competencia por la presidencia de la república el 2025, lo principal es el orden de poder electoral que los partidos o bloques podrán ostentar. Lo habitual es que ellos levanten como discurso su mejor desempeño en cualquiera de las cuatro categorías en disputas: gobernaciones, consejeros regionales, alcaldías o concejales. En esta elección la regla de oro está en los votos totales nacionales para concejales. Esta es la estadística que mejor compara a todos los partidos pues van en todas o casi todas las comunas.
En este nivel son más competitivos los partidos más tradicionales. Basado en mediciones y diagnósticos hechos desde hace más de un año por la Encuesta Signos mi opinión es que en votos totales posiblemente ganará Chile Vamos, básicamente empujado por el alto perfil presidencial de Evelyn Matthei. En segundo lugar llegaría el Frente Amplio + PC (peso del gobierno); tercero el bloque socialista democrático (por presencia orgánica) y cuarto llegaría Republicanos. Este seguramente tendrá éxitos, pero difícilmente puede lograr en la dimensión de concejales reproducir el apoyo a José Antonio Kast. La DC debiera bajar su 7% en concejales de hace cuatro años a 5% o 4%, luego social cristianos y resto del mundo.
La salvedad está en que los guarismos de concejales no determinan el liderazgo dentro de la derecha. Puede ser que republicanos, que va solo, sí se transforme en el mayor partido de la derecha, algo que parece esencial para acortar distancias de poder entre José Antonio Kast frente a Evelyn Matthei. Adicionalmente, hay en esa disputa, núcleos territoriales importantes en materia de gobernaciones y está el eventual carácter centrista del voto ciudadano.
En este último aspecto, existe un elemento importante si los resultados finales en votos nulos, blancos y abstenciones resultaren inusitadamente altos poniendo de manifiesto la crisis de representación en el sistema político, graficada en la dicotomía radicalización en la cúpula política y centrismo en la base social. O al revés, ira y distanciamiento de la política democrática. Es un dilema especial para la derecha que no resolverá esta elección.
Prácticamente todas las encuestas políticas han dado cuenta de este aspecto, pero poco se ha reflexionado respecto de su significado o proyección. Si los datos de encuestados que se autodefinen o identifican con el centro político se cruzan con los guarismos sobre confianza interpersonal o confianza en las instituciones y la política, queda en evidencia la enorme brecha que hay entre partidos políticos y sociedad. Tanto de pertenencia (los militantes totales de los partidos según estadísticas de Servel no llegan a 500 mil en todo el país, para un padrón electoral de más de 15,5 millones de electores y una población de 20 millones) como de representación (70% de independientes como candidatos a alcaldes en esta elección).
Los dos problemas más cotidianos y urgentes hoy en la agenda política son su judicialización penal con altos funcionarios del Estado investigados criminalmente o destituidos de sus cargos, y la inseguridad ciudadana frente a la ola criminal que azota el país.
En ambos temas, el resultado de estas elecciones tampoco define absolutamente nada. Ni siquiera genera un clima de rectificación esencial ante la miseria institucional del Estado de Chile, como tampoco en las decenas de municipios investigados por actos de corrupción. Si los números electorales finales tuvieran la virtud inadvertida de generar decisiones racionales en la política, lo que sería un milagro, la capacidad policial y la inteligencia necesaria todavía seguirían siendo un déficit grave y necesitando un tiempo y esfuerzos largos para alcanzar un nivel aceptable. Y todavía faltaría encontrar un núcleo institucional con poder y voluntad de impulsar el tema.
Pero lo peor es el toque criminal de la Política nacional, que en sus instancias superiores está siendo gobernada por decisiones de los fiscales del ministerio público, que sin control de nadie en sus investigaciones marcan los tiempos y seguramente terminarán citando penalmente a ministros y al mismo presidente de la República. Mientras tanto, el Estado de Chile, como persona moral, con su reputación, imagen y carácter institucional, no tiene nadie que lo defienda. Es decir, nosotros, el Pueblo, y nuestra voluntad de ser Nación y Estado estamos indefensos en medio de esta crisis.
