Por Miguel Ángel San Martín, desde Madrid
Dentro de poco más de una semana, Chile vivirá un importante proceso electoral. Se elegirán Gobernadores Regionales, Consejeros Regionales, Alcaldes y concejales. El proceso de votación es obligatorio y se sancionará económicamente a quien no asista a cumplir con su deber ciudadano.
En esta ocasión, se elegirán 16 Gobernadores Regionales y 302 Consejeros Regionales. Lo Gobernadores duran cuatro años en el cargo y pueden ser reelegidos sólo por un período más. Si ninguno de los candidatos a Gobernador obtiene más del 40% de los votos, se realiza una segunda vuelta (o balotaje) entre las dos primeras mayorías, el cuarto domingo siguiente a la primera vuelta. O sea, en este caso, el balotaje será el 24 de noviembre.
En las elecciones municipales chilenas se eligen 346 alcaldes, ya que el país está dividido en 346 comunas. El número de concejales de cada comuna depende de su número de habitantes y es el Servicio Electoral (SERVEL) el que determinó el número de concejales que componen los concejos municipales chilenos. Pueden ser seis, ocho o diez los concejales, de acuerdo con el número de electores del municipio. Tanto el Alcalde como los concejales duran cuatro años en sus cargos.
Para este proceso electoral el padrón señala que 15 millones 450 mil 377 son los ciudadanos con derecho a voto en Chile, que han sido inscritos en forma automática y están obligados a votar. La obligatoriedad se vino a restablecer mediante la Ley 21.524 que entró en vigor tras su publicación el 4 de enero del 2023.
En esta ocasión hay bastante entusiasmo por participar como candidatos, ya que hay 13 candidaturas representativas de partidos políticos, alianzas o coaliciones, inscritas oficialmente. En varias de ellas figuran “independientes” adscritos a esas candidaturas, lo cual es interpretado como una apertura de los partidos políticos para incentivar la participación política de la gente.
Sin embargo, las campañas políticas han tenido mucho ruido y “pocas nueces”, puesto que se han utilizado similares medios publicitarios que en anteriores procesos electorales, pero han ido acompañadas por un feo acento en el lenguaje de los candidatos. En múltiples ocasiones ha habido fuertes expresiones en contra de los rivales políticos, conteniendo muchas veces acusaciones falsas de corrupción, más o menos generalizadas.
Esta forma de realizar las campañas es bastante censurable, porque se ha demostrado que hay malas intenciones, con el único fin de desprestigiar al rival y obtener réditos políticos. Esas prácticas son muy peligrosas para el sistema democrático. Junto al candidato afectado, las acusaciones recaen también sobre los partidos políticos. Y estas organizaciones deben ser los responsables de canalizar ideas ciudadanas y de proponer acciones destinadas a una mejor gobernabilidad de la vida social. Los partidos pierden credibilidad y se desprestigian unos a otros, llegando a niveles increíbles. Tanto es así, que hay muchos que opinan que los partidos aceptan “independientes” en sus listas, porque no tienen suficientes personajes que sirvan como candidatos o para “lavar” su imagen.
Lo peor ocurrido en estas campañas de desgaste o desprestigio es que han sido utilizados personajes que debieran dar ejemplo de ponderación, respeto y ecuanimidad. Me refiero a representantes del sistema jurídico de la Nación que tuercen leyes o inician procesos judiciales a sabiendas de que hay denuncias sobre bases falsas. Todo ello, con profusas informaciones divulgadas a través de medios de comunicación tradicionales o por medio de las incontroladas redes sociales.
Esa politización de la justicia debe ser combatida y castigada ejemplarmente, puesto que el Poder Judicial debe ser el garante de que la convivencia social marcha por derroteros de legalidad absoluta. Debe ser fiscalizador y sancionador de cualquier irregularidad que rompa la igualdad de los ciudadanos ante la ley.
Son justamente las máximas autoridades de la jurisprudencia las que deben intervenir para limpiar el honor y la imagen de aquel estamento tan importante para la sociedad.
Un pueblo libre, respetuoso del sistema democrático de convivencia, necesita instituciones limpias y dignas. Chile y los chilenos se lo merecen.
