El Concejo Municipal de Santiago, ante el anuncio de la eventual construcción de una nueva cárcel pública para los criminales más peligrosos del país en la comuna de Santiago, declaró su rotunda oposición a la idea que circula oficiosamente en medios sobre la instalación.
En una declaración pública que lleva la firma de la alcaldesa Irací Hassler y diez concejales y concejalas, señalan compartir la necesidad del Estado de implementar medidas urgentes de resguardo a la población respecto de la grave situación de seguridad que vive nuestro país, producto del alarmante aumento de actos delictuales relacionados con el crimen organizado y el narcotráfico.
Sin embargo, agregan, «creemos necesario manifestar que eso debe ser compatibilizado con la seguridad de los barrios y sus habitantes, y por ello expresamos nuestro categórico rechazo ante la posibilidad de la construcción de una nueva cárcel pública para los criminales más peligrosos del país en la comuna de Santiago».
«Se ha señalado en la prensa, sin confirmar por las autoridades de gobierno, que el lugar de emplazamiento de esta nueva cárcel sería en el Barrio Rondizzoni sector de Pedro Montt, colindante al Barrio San Eugenio. Consideramos, altamente inconveniente incorporar un nuevo Establecimiento Penitenciario a un espacio territorial que actualmente alberga el Centro de Detención Preventiva Santiago 1, el Centro de Detención Preventiva Santiago Sur (Ex Penitenciaría), la Cárcel de Alta Seguridad, el Anexo Capitán Yáber, además de encontrarse el Centro de Justicia que alberga Defensoría Penal Pública, Ministerio Público, Juzgados de Garantía y Tribunales Orales en lo Penal. Además, se encuentran en nuestra comuna, el Centro de Apoyo para la Integración Social de Santiago (CAIS) y el CRA Manuel Rodríguez, que corresponde al Centro de Reclusión Nocturna ubicado en calle Blas Cañas en el Barrio San Isidro», recordaron la alcaldesa y los diez concejales y concejalas de Santiago.
Además, recuerdan que el Plan Regulador Comunal de Santiago, desde 1990, prohíbe el uso de suelo de equipamiento de seguridad destinado para la construcción de cárceles, «lo cual se ha ratificado en todas las modificaciones que ha sufrido el instrumento de planificación comunal durante estos últimos años, siendo destacable la última gran modificación en el barrio Pedro Montt en el año 2012, a raíz de que la comunidad fue enfática al manifestar que el uso de los recintos penitenciarios provocaban una serie de conflictos socio-territoriales que afectaban la vida de sus habitantes. Es fundamental reconocer y valorar la opinión de las comunidades, sobre todo cuando se ven reflejadas en los instrumentos de planificación territorial vigentes».
Además, la declaración señala que «las comunidades actualmente, también se han pronunciado negativamente ante la eventual instalación de una nueva cárcel en el sector. Lo hizo en ese sentido el Comité Defensa Matta Sur, Comité de Seguridad Población Yarur, Comité Miguel León, y Vecinas y Vecinos Barrio Rondizzoni, entre otras organizaciones, debido a que con los establecimientos penitenciarios existentes en la actualidad ya deben enfrentar numerosos problemas de convivencia con la población flotante que visita dichos penales, riñas, fuegos artificiales, comercio irregular, peloteros, y muchas otras incivilidades, que, nuestra Municipalidad combate día a día a través de su Dirección de Prevención y Seguridad Comunitaria y con el apoyo de diversas Direcciones municipales junto a Carabineros. La incorporación de un nuevo recinto carcelario es percibido como un probable detonante del aumento de dichos factores de riesgo para las vecinas y vecinos».
De este modo, sostiene el Concejo, «una cárcel que albergue a delincuentes de alta peligrosidad y emplazada en barrios residenciales, pone en riesgo a las vecinas y vecinos que residen en dichos barrios y al conjunto de quienes habitamos y visitan la comuna de Santiago».
La declaración la suscriben Irací Hassler Jacob, Alcaldesa de Santiago y las 8 concejalas y dos concejales de la comuna.
