Mientras la Fiscalía Centro Norte asumió las indagatorias penales tras la denuncia de parlamentarios por las fallidas apuestas en instrumentos derivados, en la Cámara de Diputados se reunieron las firmas para votar este lunes la creación de una Comisión Especial Investigadora.
La crisis provocada por las abultadas pérdidas en los fondos de pensiones más conservadores del sistema previsional escaló de forma simultánea al plano judicial y al Congreso Nacional. Por un lado, el Fiscal Nacional, Ángel Valencia Vásquez, remitió formalmente a la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte la denuncia presentada por la senadora Daniella Cicardini y el diputado Daniel Manouchehri para indagar eventuales delitos cometidos por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). La causa, asignada al fiscal regional Francisco Jacir, busca determinar responsabilidades penales en el manejo de los recursos. Desde el organismo persecutor precisaron que “Esta remisión constituye una actuación formal del Ministerio Público destinada a dar curso a los antecedentes presentados, conforme a las atribuciones legales de la institución”, aclarando que la derivación formal no constituye un pronunciamiento previo sobre la existencia de ilícitos.
El origen de la controversia judicial radica en la salida de emergencia que debieron ejecutar las administradoras respecto de contratos derivados financieros, conocidos como swaps, contratados en mercados internacionales. Mediante estos instrumentos, las siete AFP del sistema pactaron recibir un rendimiento fijo a cambio de pagar la tasa de interés dictada por la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), apostando a una baja en los tipos de interés norteamericanos. Sin embargo, la Fed elevó los costos de endeudamiento debido a las tensiones globales, provocando una severa caída en el valor de los títulos de renta fija. Esta situación generó que los contratos perdieran valor de forma acelerada, acumulando un descalabro para el sistema que Bloomberg calculó en US$11 mil millones y provocando que el Fondo E acumulara un retroceso del 10,4% en su rentabilidad real entre enero y septiembre de este año.
En paralelo al frente penal, el Poder Legislativo alista una masiva fiscalización política tras confirmarse la recolección de 62 firmas por parte de los diputados Jaime Araya y Héctor Ulloa para constituir una Comisión Especial Investigadora en la Cámara Baja. La instancia parlamentaria pretende revisar el desempeño del Ministerio del Trabajo, del Ministerio de Hacienda y de la Superintendencia de Pensiones entre los años 2018 y 2026, evaluando si existieron omisiones o conductas negligentes al no prever el impacto en el Fondo E, cuyas pérdidas directas vinculadas a este ítem superan los US$7.700 millones. La solicitud se someterá a votación del pleno este lunes, oportunidad en la que Araya manifestó que “Invitamos a todos los parlamentarios y parlamentarias a que ojalá el lunes de manera unánime se apruebe la creación de esta Comisión Especial Investigadora”.
Al fundamentar la acción fiscalizadora, los impulsores de la medida remarcaron la urgencia de establecer mecanismos de reparación y eventuales sanciones penales ante la conducta de las gestoras. Al respecto, el diputado Jaime Araya sostuvo que “Es necesario profundizar en esto, establecer responsabilidades, saber qué es lo que hizo el ente regulador y, lo más importante, saber cuáles son las rectificaciones, modificaciones legales para lograr que de una vez por todas se le devuelva la plata a los trabajadores y estas conductas sean sancionadas penalmente”. Por su parte, el diputado Héctor Ulloa advirtió sobre la señal política que entregará el hemiciclo señalando que “Sería una muy mala señal que diputados o diputadas se negaran a investigar una situación que afecta los ahorros de tantos chilenos y chilenas. Esperamos un respaldo unánime, porque la preocupación por las pensiones debe demostrarse con hechos y no quedarse solamente en declaraciones”.
La comisión indagará si las autoridades ejercieron oportunamente sus facultades regulatorias para resguardar el patrimonio previsional y si se contemplaron medidas de indemnización para los cotizantes afectados, en momentos en que las administradoras continúan percibiendo el cobro de sus comisiones de gestión. Cerrando su postura sobre la votación que arrancará el lunes, Ulloa enfatizó que “Los afiliados merecen saber qué pasó, quiénes deben asumir responsabilidades y qué medidas se tomarán para reparar el daño”.
