El Ministerio del Interior y Seguridad Pública debió reconocer públicamente un desacierto en sus contrataciones tras la controversia generada por la incorporación de un estudiante universitario de 19 años sin título profesional, quien percibía una remuneración bruta de $1,9 millones de pesos. Ante los duros cuestionamientos por la desproporción entre su nivel de formación académica y su salario, las autoridades anunciaron la revisión de su contrato para adecuar la renta a sus años de experiencia.
El fuerte contraste entre sueldo y grado académico
El caso salpica a Cristóbal Soto, joven de 19 años y estudiante de la carrera de Periodismo —sin grado ni título profesional—, contratado en la cartera de Interior para desempeñar labores de gestión de redes sociales y apoyo comunicacional. La asignación de $1,9 millones brutos a un funcionario que aún cursa la educación superior provocó inmediatos reproches en el mundo político.
Frente a la presión pública, el biministro del Interior y la Segegob, Claudio Alvarado, debió admitir el fallo en el criterio de contratación sosteniendo que «nadie está exento de errores». En la misma línea, el subsecretario de la repartición, Máximo Pavez, confirmó que se rectificarán los montos asignados al estudiante. Pavez defendió el desempeño técnico del joven, pero detalló que la remuneración «ha sido aclarada y la vamos a acomodar de acuerdo a las rentas y los años que corresponda» para intentar cerrar la polémica.
Cuestionamientos a la «primera chamba millonaria»
Los reparos por el elevado sueldo asignado en relación con la nula trayectoria profesional del funcionario surgieron incluso desde el propio oficialismo. En tanto, desde la oposición, el diputado Daniel Manoucheri (PS) fustigó al Ejecutivo acusando la instalación de la «primera chamba millonaria». «Recién egresados y hasta estudiantes en cargos sensibles con sueldos millonarios. ¿No tienen más gente para gobernar? Aquí se entiende por qué están fracasando», fustigó el parlamentario.
Un segundo caso salpica a la repartición
En medio de los ajustes al contrato de Soto, trascendió un nuevo episodio que involucra directamente a la Subsecretaría del Interior. Se trata de la contratación de Sofía Pumpin, periodista que obtuvo su título en julio de 2025, quien fue encomendada a la coordinación e información de las Delegaciones Presidenciales Regionales y Provinciales por un sueldo mensual de $2.350.000.
Respecto al marco regulatorio de estos montos en el sector público, el abogado Alberto Precht puntualizó que no existen irregularidades legales directas siempre y cuando las rentas fijadas respeten los topes estipulados en el «Instructivo sobre buen uso de los recursos fiscales» promulgado en febrero de 2025.
