La Contralora General de la República, Dorothy Pérez, autorizó la contratación mediante la modalidad de trato directo de un servicio de blindaje balístico para su automóvil institucional, operación que significó un desembolso fiscal de casi $28 millones. De acuerdo con los documentos técnicos de la institución, la medida se fundamentó en la recepción de diversas «comunicaciones consideradas de mayor riesgo» y en un análisis de vulnerabilidades elaborado por la Policía de Investigaciones (PDI) y el Ministerio Público.
La justificación formal de la compra, incorporada en la plataforma Mercado Público, releva que el perfil del cargo de Contralor exige medidas especiales debido a las funciones de fiscalización de recursos públicos que lidera Pérez. El organismo argumentó que el impacto de las resoluciones de la Contraloría General de la República (CGR) en la opinión pública y en el aparato estatal expone a sus autoridades a escenarios de alta exposición nacional e internacional, lo que amerita un reforzamiento de su seguridad personal en medio del alza de la criminalidad organizada.
Un estándar superior al Poder Judicial El nivel de protección asignado a la autoridad civil ha llamado la atención por ser inédito para un contralor y por superar el estándar que se aplica actualmente en el Poder Judicial. Sin ir más lejos, la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, no cuenta con un vehículo de estas características, habiendo manifestado recientemente que la prioridad institucional debe estar en los tribunales que resuelven causas ligadas al crimen organizado.
Para este servicio, la CGR seleccionó a la empresa Raptor SPA, firma con experiencia en contratos con instituciones de orden y seguridad. El mecanismo de trato directo, plasmado en la resolución exenta 18.852, se justificó por la inexistencia de proveedores similares en el catálogo de Convenio Marco, permitiendo a la entidad privilegiar criterios de discreción y condiciones globales de seguridad por sobre el menor precio de mercado.
Plan integral de seguridad Esta adquisición se inserta en un plan de reforzamiento progresivo de la seguridad de Dorothy Pérez iniciado en 2025. Las acciones han incluido un aumento en la dotación de guardaespaldas, mejoras en los controles de acceso del edificio institucional en calle Teatinos 56 y mejoras estructurales en las dependencias ordenadas por el ente persecutor.
Como parte de esta renovación, la Contraloría adquirió previamente mediante licitación una camioneta SUV Toyota 4Runner de alto estándar por $48 millones, reemplazando al vehículo anterior que registraba 10 años de antigüedad. Este incremento en la protección coincide con un periodo en que el ente fiscalizador ha revelado complejas anomalías estatales, incluyendo tramas de licencias médicas falsas, fallas en el sistema penitenciario y la pérdida de fentanilo en centros asistenciales institucionales.
