La Fiscalía Nacional ha elevado la magnitud de la investigación por el presunto tráfico de menores haitianos hacia Chile, cifrando en más de 200 los niños afectados por un esquema que operó con gran sofisticación durante el primer cuatrimestre de 2025. El director de la Unidad de Anticorrupción del Ministerio Público, Eugenio Campos, calificó la situación como de extrema gravedad, señalando que los antecedentes recopilados hasta ahora sugieren la existencia de un «grupo muy organizado». Según el fiscal, la estimación de víctimas es incluso «demasiado conservadora» y se centra inicialmente en un periodo acotado entre enero y abril del año pasado.
El caso, que ha conmocionado a la opinión pública, se originó tras una denuncia del Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) motivada por fiscalizaciones de la Contraloría y la PDI que detectaron un patrón de ingresos irregulares a través de vuelos chárter. La trama operaba bajo la fachada de procesos de reunificación familiar, donde al menos 12 adultos ingresaron de forma reiterada al país actuando como supuestos tutores de grupos de menores con los que no tenían vínculos reales ni autorizaciones legales. Sobre este punto, Campos advirtió que «que una persona pueda representar como adulto responsable a más de una treintena, eso llama poderosamente la atención», reforzando la tesis de una operación logística de alto alcance.
La incertidumbre sobre el paradero y bienestar de estos niños ha llevado a las autoridades a no descartar las teorías más oscuras. El fiscal nacional, Ángel Valencia, se refirió a la posibilidad de que el caso esté vinculado con el tráfico de órganos, indicando que, aunque es una idea extrema, «en teoría no es una cosa delirante. Es una cosa que pudiese ocurrir. Es atroz, pero no hay que descartarlo de plano». Por su parte, el fiscal Campos fue enfático en señalar que, según las máximas de la experiencia, las explicaciones tras estos ingresos masivos «no serían tan buenas. Espero estar absolutamente equivocado».
En el ámbito político, los hechos más recientes incluyen una fuerte ofensiva parlamentaria donde las bancadas de oposición han impulsado la creación de una Comisión Especial Investigadora (CEI) para perseguir responsabilidades administrativas y políticas. La diputada Natalia Romero (UDI) manifestó que «lo urgente es saber dónde están esos niños, quiénes los tienen y cómo ingresaron con controles tan deficientes», apuntando a las fallas del Servicio de Migraciones que omitió verificar datos críticos como domicilios e identidades. Además, la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara confirmó la citación del exdirector de Migraciones, Luis Thayer, para que entregue explicaciones sobre las alertas que supuestamente fueron ignoradas durante su gestión.
Las auditorías han revelado que la vulnerabilidad del sistema permitió que 98 niños no fueran reportados oportunamente a la Subsecretaría de la Niñez, y en inspecciones realizadas en enero de 2026, se constató que muchos de los menores ya no habitaban en las direcciones registradas ni estaban bajo la custodia de los adultos que los ingresaron. Mientras la investigación penal avanza bajo figuras de cohecho, soborno y falsificación de instrumento público, el Congreso busca ampliar la indagatoria hacia años anteriores para determinar si esta práctica era una constante en el flujo migratorio irregular.
