Por Gerardo Aceituno (GAP-Team) y Rafael Urriola APROB
El Ejecutivo ha presentado su proyecto misceláneo como un programa de reactivación. Los datos, leídos con cuidado, parecen decir otra cosa: los beneficios se concentran en el 30 % más rico, y el costo lo pagan los hogares medios.
Las cinco medidas en juego (síntesis en tabla 1). El paquete combina cinco instrumentos con efectos distributivos directos: la reducción del Impuesto de Primera Categoría (CIT) de 27% a 23%, la racionalización de permisos (permisología), la invariabilidad tributaria por 25 años para grandes inversiones, la integración tributaria total y el Crédito Tributario al Empleo (CTE). El Ministerio de Hacienda, en su Informe de Impacto Regulatorio (IRR), proyecta que estas medidas elevarán el PIB en 2036 en +8,6% sobre el nivel sin reforma (equivalente a 0,86 puntos porcentuales adicionales por año en promedio). ¿Qué tan robusta es esa promesa?
El primer problema: la promesa depende de un único parámetro. Esa proyección descansa sobre una elasticidad del PIB respecto a la carga tributaria fijada en 0,65, basada en la Comisión Marfán de 2013. La evidencia empírica chilena posterior (Cerda-Larraín 2014; CEP 2019) sugiere bandas más amplias pudiendo variar desde: Baja elasticidad (0,40) en que el efecto final cae a +5,3 %; escenario optimista con elasticidad 0,80 sube el impacto sobre el PIB a +10,6 %. La diferencia entre los extremos es del orden del gasto público anual en educación. Una reforma estructural no puede sostenerse sobre un único parámetro dicutible.
El segundo problema: el +8,6 es bruto. El IRR no descuenta el costo fiscal directo del paquete, estimado por un grupo de ex asesores de Hacienda en US$ 4.400 millones anuales, alrededor de 1,4 % del PIB (Frigolett, González, Fontaine, Ezpeleta, Jorquera; Diario Financiero 22/04/2026). Tampoco descuenta los efectos regresivos del Eje 4, que elimina la franquicia SENCE y pausa por dos años la gratuidad universitaria — recortes que caen sobre los deciles medios. Y crucialmente, el IRR no modela la respuesta endógena de la Tasa de Política Monetaria del Banco Central, ni el efecto sobre precios y tipo de cambio que un paquete del orden del 5 % del PIB en un solo año necesariamente produce. Estos silencios son tan informativos como sus números.
Tabla 1. Aporte al PIB y captura por decil — los 5 instrumentos del paquete (10 años).
El tercer problema (el más político): la concentración. Cuando se cruza la proyección oficial con la microsimulación tomando datos de la CASEN 2024 (218.367 hogares, MDSF)[1], el cuadro distributivo es inequívoco: el 30% de los hogares más ricos (Decil 8 al Decil 10) capta el 46% del aporte directo al PIB de la reforma. La reducción del CIT entrega 53% de su beneficio a ese segmento; la integración tributaria total, alrededor del 75%. Sólo el CTE muestra una distribución razonablemente balanceada — pero aporta apenas 0,8 pp del total. El detalle del CIT por decil es el más revelador: D10 captura 0,80 pp (≈ 31 % del aporte total); D1 (el decil de manores ingresos), sólo percibe 0,037 pp (≈ 1,4 % del total). La razón D10/D1 es 21,6 veces lo que hace del CIT el instrumento más regresivo del paquete.
Tabla 2. Distribución por decil del aporte del CIT al PIB (en pp del PIB nivel a 10 años).
Nota: los 10 valores suman ≈ 2,1 pp = 80 % del +2,6 pp total que capturan directamente los dueños del capital; el 20 % restante se traspasa a salarios y precios bajo el supuesto estándar de incidencia tributaria, y no se asigna por decil.
Anticipemos el contraargumento. Los defensores de la reforma dirán — con razón parcial — que parte del beneficio que captura el D10 se traduce en segunda vuelta en mayor inversión, empleo y salarios para deciles inferiores. La objeción es legítima. Pero el IRR no estima esa segunda vuelta: la elasticidad de Marfán la sintetiza en un solo número agregado, mezclando primer y segundo round sin descomposición. Cuantificar el efecto progresivo realmente generado por la inversión exige un modelo de equilibrio general con agentes heterogéneos — no una multiplicación contable del costo tributario por un parámetro fijo. Ese es el siguiente paso natural del debate (que no cabe en esta columna).
Lo que esta columna muestra es el piso, no el techo. Multiplicar costo tributario por elasticidad y leerlo a 10 años es el mismo registro estático y contable del IRR oficial. Una evaluación seria de la Ley debe incluir además dinámica de transición, expectativas y credibilidad de la reforma, efectos sobre precios, trayectoria previsible de la TPM, y los efectos de segunda vuelta sobre empleo y salarios. La conversación parlamentaria merece ese análisis. Por ahora, lo que tenemos basta para una conclusión preliminar: el paquete no se autofinancia, no es neutro distributivamente, y su magnitud agregada depende de un parámetro que no está asegurado asumiendo la propia evidencia chilena.
[1] Fuente: Microsimulación CASEN 2024 (218.367 hogares, Ministerio de Desarrollo Social y Familia) cruzada con el IRR del Ministerio de Hacienda; elaboración propia GAP / APROB.
Gerardo Aceituno (GAP-Team) gap.alt00@gmail.com
Rafael Urriola APROB. macroeconomía@aprobienestar.cl
