Lo que comenzó como una transmisión en vivo para «exponer» a un trabajador, terminó convirtiéndose en uno de los castigos económicos más severos para un futbolista chileno por conceptos de acoso digital. Tras años de litigio, la Corte de Apelaciones de Santiago ratificó de forma unánime que el exreferente de la selección nacional, Gary Medel, deberá desembolsar una cifra superior a los 15 millones de pesos tras ser condenado por los daños causados a un fiscalizador sanitario.
El origen del conflicto: un pase de movilidad inexistente Los hechos se remontan a mayo de 2022, durante un concierto de Karol G en el Movistar Arena. En aquel entonces, el «Pitbull» intentó ingresar al recinto, pero el personal de la Seremi de Salud, encabezado por el fiscalizador Ángelo Berti, le impidió el acceso debido a que su pase de movilidad no estaba habilitado.
La reacción del jugador fue inmediata y digital: inició un live de Instagram donde insultó al funcionario ante miles de seguidores, llamándolo «chancha» e instando a su audiencia a que lo «funaran». Aunque días después Medel ofreció disculpas públicas asegurando que «se le soltó la cadena», el daño ya estaba hecho y la justicia civil tomó cartas en el asunto.
Las secuelas: salud mental y terapia El fallo del tribunal de alzada es tajante al describir las consecuencias para la víctima. La agresión verbal, sumada a la exposición masiva de su imagen sin consentimiento, provocó en Berti un cuadro ansioso-depresivo y un trastorno adaptativo. El asedio mediático y la invasión a su privacidad fueron de tal magnitud que el fiscalizador requirió tratamiento farmacológico y terapia psicológica para sobrellevar el evento traumático.
El desglose de la condena La justicia determinó que Medel debe compensar al trabajador bajo dos conceptos específicos:
- Daño moral: Fijado en $15.000.000, debido al padecimiento emocional y la afectación a la salud mental del demandante.
- Daño emergente: Un monto de $415.280, destinado a cubrir los gastos directos derivados de la situación.
Esta sentencia definitiva marca un precedente relevante sobre la responsabilidad de las figuras públicas en redes sociales. El tribunal subrayó que la agresión fue «injusta» y que ocurrió mientras el funcionario simplemente cumplía con su labor profesional, dejando claro que la fama no otorga inmunidad para incitar al asedio digital.
