Héctor Llaitul lleva años explotando la impotencia de sucesivos gobiernos incapaces de cumplir su obligación básica: asegurar la paz y el cumplimiento de las leyes en todo el territorio nacional.
Él no es el único que abusa de esa verdadera cobardía política. También lo hacen los delincuentes comunes; los narcotraficantes; los alborotadores y matones de poca monta; los delincuentes organizados para generar disturbios y destruir bienes públicos y privados y los delincuentes coludidos para estafar a la sociedad mediante la asociación público – privada mafiosa de empresarios y políticos.
Los gobiernos abusan hasta producir la ira de los ciudadanos que pagan y caro, por los servicios de un aparato estatal incompetente, incluso para cumplir su función básica.
Se señala que el uso de la fuerza legítima del Estado sería inmoral, y se culpa a la dictadura de ello, lo que constituye una excusa funcional a las necesidades de diferentes grupos: los beneficiarios de la victimización, los que abusan directamente de la impotencia y la corrupción estatal y, sobre todo, los totalitarios que nunca han dejado de trabajar para la destrucción de las instituciones, la convivencia nacional y el enervamiento de los gobiernos en ejercicio, cualquiera sea su signo.
La vía armada del etnonacionalismo araucano afirma su fuerza política y militar en la incompetencia, debilidad y hasta cobardía, de las autoridades. Héctor Llaitul amenaza y desafía diariamente al Estado, mientras el uso abusivo de los derechos humanos como escudo, ha sido llevado al extremo de paralizarlo para hacer uso de su poder legítimo para imponer las leyes que se da.
Llaitul solo puede producir vacío de autoridad por walk over del gobierno. No cuenta con el control ni el apoyo de toda la comunidad que dice representar. Sobrevive arrendando su patente de corso a bandas de organizaciones criminales y a políticos aventureros o brutalmente mal intencionados.
Su descrédito, cual cáncer, lo está degradando y matando, y el control del movimiento ya pasó a una casta dirigente de “intelectuales originarios” que esperan financiar sus carreras y explotar a los araucanos desde el control político del aparato estatal. Ello, en alianza con una extrema izquierda que promueve un indigenismo sin marco ético y las demandas insatisfechas de diversas minorías, en un contexto ideológico mucho más amplio y ambicioso.
Para detener este derrumbe del Estado, el primer paso es iniciar un proceso de negociación efectiva, protagonizado y encabezado por un Gobierno que no puede comenzar con dudas respecto a su propia legitimidad, su representatividad ni su poder.
Requiere, como contraparte, de un actor social demandante que negocie de buena fe, que desee efectivamente llegar a acuerdos, que no haga de la demanda de diálogo un fetiche táctico solo para ganar tiempo y fortalecerse. Si ello es así, significa que sus demandas ni son auténticas, ni han sido formuladas de manera transparente y para el buen vivir, como argumentan.
Capitán de Navío (r). 
