El presidente de Argentina, Javier Milei, reconoció públicamente haber decidido la condena que afecta a la expresidenta Cristina Fernández.
En una entrevista por televisión abierta, afirmó: “Soy el primer Presidente que tomó la decisión de que Cristina Fernández de Kirchner vaya presa.”
El abogado defensor de Fernández, Gregorio Dalbon, afirmó que «esa frase no es una opinión política: es la admisión de un acto de poder ilegal, una decisión manifiestamente contraria al orden constitucional y a la independencia del Poder Judicial. Al atribuirse la facultad de decidir quién va preso, el Presidente se coloca por encima de los jueces, violando el artículo 109 de la Constitución Nacional y configurando una forma explícita de abuso de autoridad».
El destacado jurista argentino sostuvo que «cuando Milei dice que él metió presa a Cristina, confiesa algo gravísimo: que el lawfare existió, que la persecución fue política, y que él la avala. Confesó que la Justicia no es independiente. Confesó que la prisión de Cristina fue política. Confesó que el poder sigue usando el Código Penal como arma. Y esa confesión, en cualquier país serio, bastaría para abrirle un juicio político al Presidente».
Dalbon señaló que todo esto demuestra es que el poder ejecutivo y el poder judicial actuaron en forma conjunta afectando el debido proceso y la garantía de defensa en juicio de Fernández, lo que entrega «argumentos sobrados para la anulación definitiva de la sentencia contra la principal líder política de la oposición. El lawfare fue confesado y ahora está claro que en la Argentina Cristina es una presa política».
La reacción de Javier Milei se produjo luego de la dimisión de José Luis Espert, candidato de la ultraderechista La Libertad Avanza a la reelección parlamentaria en Buenos Aires, tras admitir haber recibido 200.000 dólares de un narcotraficante y que viajó 35 veces en el avión de éste.
El caso se suma a otros casos de la extrema derecha con narcos, estafas de criptomonedas y comisiones en medicamentos.
