Giorgio Jackson

Acciones legales que fueron acogidas por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago son por la supuesta malversación de caudales públicos por parte de la Segpres, tras la impresión de casi 700 mil ejemplares de la propuesta de nueva Constitución.

El contralor, haciendo algo que la ley no le permite, juzga el mérito de los actos de autoridades políticas, sin fundamento legal ni base real, pues no se trata de un acto administrativo final, Ley 19.880, sino un mero acto de impulso político respecto del trabajo que debe realizar la SEGPRES.

«La manera y la oportunidad en que el Ministro Secretario General de la Presidencia efectuó la aludida comunicación, si bien se enmarcan dentro de las funciones que le corresponden a esa Secretaría de Estado, no se ajustó a la necesaria prescindencia que se requiere frente al plebiscito”, sostiene el ente fiscalizador.