El Partido de la Gente (PDG) se encuentra en el centro de una investigación penal luego de que el Servicio Electoral (Servel) presentara una denuncia ante el Ministerio Público por graves irregularidades financieras detectadas en sus balances de los años 2023 y 2024. La Fiscalía Centro Norte lidera las indagatorias para determinar si las inconsistencias en el manejo de fondos públicos constituyen delitos.
Contratos bajo sospecha y el rol de Miguel Azar La fiscalización del Servel puso la lupa sobre el ex administrador general de fondos del partido, Miguel Azar. Se detectaron movimientos financieros cuyo destino final no pudo ser acreditado, incluyendo contrataciones de servicios con sociedades vinculadas al propio Azar y desembolsos que carecen de antecedentes suficientes para su justificación.
Un caso emblemático citado en la denuncia es un cheque emitido a nombre de Azar y cobrado directamente por caja. Según el ente fiscalizador, «los antecedentes presentados no demostraron el pago de las operaciones que se pretendían justificar«, dejando en el aire el destino real de esos dineros.
¿Sedes fantasmas? Los pagos de arriendo en duda Otro punto crítico de la investigación tiene relación con el pago de arriendos para el funcionamiento del partido. Mientras los balances registran desembolsos por este concepto, desde la propia interna del PDG han surgido contradicciones que sugieren la inexistencia de dichos inmuebles.
La diputada Zandra Parisi manifestó públicamente desconocer el uso de tales dependencias: «Nosotros no tenemos sede, hasta donde tengo entendido«, declaró la parlamentaria, lo que refuerza las sospechas del Servel sobre pagos sin respaldo físico ni operativo.
El futuro judicial del partido Tras la revisión de la división de fiscalización del Servel, el caso quedó en manos de la Fiscalía Centro Norte. Los persecutores deberán indagar si estas operaciones bancarias y los gastos no acreditados forman parte de un esquema de malversación o fraude, en un momento en que la colectividad fundada por Franco Parisi enfrenta crecientes cuestionamientos sobre su transparencia administrativa y el uso de los aportes estatales.
