Tras permanecer casi tres meses en el anexo penitenciario Capitán Yáber, el exdiputado Joaquín Lavín León abandonará la cárcel luego de que la Corte de Apelaciones de Santiago revocara la medida cautelar de prisión preventiva que pesaba en su contra. La decisión, adoptada de manera dividida (2-1), sustituye la privación de libertad por arresto domiciliario total, arraigo nacional y la prohibición de comunicarse con otros imputados o testigos de la causa.
El argumento del «paso del tiempo» La Segunda Sala del tribunal de alzada, presidida por el ministro Juan Cristóbal Mera, fundamentó su resolución señalando que el «mero transcurso del tiempo» constituye un antecedente suficiente para estimar que la prisión preventiva ya no resulta indispensable para los fines del procedimiento. Es importante destacar que la Corte no cuestionó la existencia de los delitos ni la participación de Lavín León en ellos, elementos que se mantienen acreditados según el estándar procesal actual.
Esta resolución llega apenas días después de que el Séptimo Juzgado de Garantía hubiera confirmado la permanencia del exparlamentario en prisión, decisión que fue apelada exitosamente por su defensa, liderada por el abogado Cristóbal Bonacic.
Las claves de la acusación por fraude al fisco El Ministerio Público investiga a Lavín León por presuntos delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias y falsificación de documentos cometidos entre 2015 y 2026. El monto total del perjuicio al Congreso Nacional ascendería a al menos $189 millones, articulados a través de tres esquemas distintos:
- Facturas falsas: Rendición de 32 documentos ideológicamente falsos de la Imprenta MMG por $18,8 millones para pagar deudas de campaña.
- Plataforma SocialTazk: El desarrollo de una herramienta digital para la gestión de bases de datos electorales que habría sido financiada íntegramente con fondos públicos del Congreso.
- Asesoría «fantasma»: La contratación de una asesora parlamentaria que, según la Fiscalía, no habría prestado servicio alguno desde el año 2018, pese a lo cual el Estado desembolsó cerca de $39,4 millones.
Tráfico de influencias en Maipú Adicionalmente, la fiscalía sostiene que el exmilitante de la UDI se habría valido de su condición de esposo de la entonces alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, para intervenir en la administración municipal. Se le acusa de haber instalado a personas de su confianza personal en cargos directivos clave dentro del municipio, ejerciendo una influencia indebida en la gestión institucional.
Con el cambio de medidas cautelares, Lavín León enfrentará el resto de la investigación —cuyo plazo inicial de 90 días comenzó a correr el pasado 8 de mayo— desde su domicilio, mientras el Ministerio Público continúa con las diligencias para acreditar la totalidad de los esquemas de defraudación imputados.
