El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) anunció el inicio de una ofensiva judicial mediante recursos de protección y acciones civiles contra las empresas a cargo de la reconstrucción en el sector El Olivar de Viña del Mar, tras el megaincendio de febrero de 2024,. Esta decisión se enmarca en un proceso que el Gobierno calificó como una «reconstrucción fracasada» y que mantiene a cientos de familias damnificadas en la incertidumbre.
El foco sobre Iván Poduje
La crisis en El Olivar ha puesto en el centro de la polémica a Iván Poduje, luego de que un grupo de damnificados presentara ocho querellas en su contra por su responsabilidad en el fallido proceso de reconstrucción en la zona. Este escenario judicial se agrava tras las declaraciones previas del propio Poduje, quien había manifestado que esperaban cumplir solo «parcialmente» con los compromisos de reconstrucción adquiridos en el Gran Valparaíso.
Graves fallas estructurales y contratos terminados
El seremi de Vivienda de Valparaíso, Marcelo Ruiz, confirmó el término de los contratos con la Entidad Patrocinante Social Arquitectura y la Constructora San Sebastián, empresas que además enfrentan querellas por delitos de estafa, amenazas y tráfico de influencias.
Los informes técnicos de la Ditec y el Idiem de la Universidad de Chile revelaron deficiencias críticas que hacían inviable la continuidad del proyecto:
- Incumplimiento de normativas: Se detectaron fallas graves en los estándares de seguridad sísmica y de resistencia al fuego.
- Avances mínimos: De las 330 viviendas paralizadas, el 58% presentaba un avance de apenas entre 0,1% y 2,6%, lo que evidencia el estancamiento de las obras.
Parálisis y rechazo a «casas parchadas»
Actualmente, el proceso de reconstrucción se encuentra paralizado debido a las acciones judiciales interpuestas por la constructora y un grupo minoritario de vecinos. Sin embargo, desde el Minvu fueron enfáticos en señalar que no aceptarán soluciones a medias. «Como ministerio no vamos a normalizar la práctica de entregar casas parchadas o falladas a familias que están en condición vulnerable«, sentenció el seremi Ruiz.
La situación afecta directamente a 140 viviendas que contaban con autorización de demolición y otras 187 en las que los trabajos ni siquiera habían comenzado, dejando a las familias de El Olivar a la espera de una nueva estrategia para recuperar sus hogares.
