En una entrevista concedida al programa Mesa Central de Canal 13, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, confirmó que el Ejecutivo ingresó formalmente a la Cámara de Diputados el proyecto de ley que crea el Registro Único de Incivilidades y Actos Vandálicos, también denominado por las autoridades como «Rol Único de Vándalos». La iniciativa, que forma parte de la agenda de seguridad del presidente José Antonio Kast, será discutida por el parlamento durante la tercera semana de junio con el fin de alinear lo que el gobierno califica como urgencias sociales con sus prioridades de orden público.
El proyecto busca tipificar conductas que actualmente no constituyen delitos, pero que afectan la convivencia ciudadana, tales como el rayado de fachadas de casas o museos sin autorización y la destrucción de paraderos de transporte público. Según detalló Pavez en el espacio televisivo, el objetivo es que las personas que incurran en estas acciones sean incorporadas al registro y, como medida disuasoria, puedan perder el acceso a determinados beneficios sociales otorgados por el Estado.
Esta medida se enmarca en lo que el subsecretario describió como la instauración de una «cultura del orden» que abarca tres dimensiones fundamentales: la reducción del uso injustificado de licencias médicas, el mencionado registro de actos vandálicos y el cobro de las deudas del Crédito con Aval del Estado (CAE). Respecto a este último punto, Pavez defendió la legalidad de los embargos a cuentas bancarias de morosos, señalando que el proceso fue debidamente notificado y que el objetivo es asegurar el cumplimiento de los deberes de quienes pueden pagar y no lo han hecho.
Finalmente, el representante del Interior se refirió a la situación del embajador de Chile en Israel, Gabriel Zaliasnik, quien ha sido cuestionado por sus vínculos con el abogado Luis Hermosilla. Al respecto, la autoridad gubernamental fue enfática en señalar que la investigación penal en curso no representa, por el momento, un obstáculo para que el diplomático continúe en sus funciones, argumentando que el Ejecutivo respetará la autonomía del Ministerio Público y evaluará la permanencia en el cargo solo si surgen hitos procesales que establezcan responsabilidades específicas.
