Avanza la formalización en una de las aristas más complejas del denominado caso Convenios. En el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, se desarrolla la formalización de los directivos de la Fundación ProCultura, centrada en el traspaso de $1.683.788.000 provenientes del Gobierno Regional (Gore) Metropolitano.
Una estrategia coordinada desde la autoridad Según la exposición del fiscal Cristian Aguilar, la entrega de estos recursos no fue un hecho aislado, sino parte de una “estrategia coordinada e impulsada desde las más altas esferas del Gore Metropolitano para asignar proyectos financiados con fondos públicos”. El Ministerio Público sostiene que los imputados Alberto Larraín, María Constanza Gómez, María Teresa Abusleme y Evelyn Magdaleno actuaron en conjunto con el gobernador Claudio Orrego para concretar una “asignación discrecional, por tanto, arbitraria, carente de parámetros objetivos de evaluación”.
Las pruebas: Audios y testimonios internos Una de las evidencias principales es un registro de audio de febrero de 2022, en el cual María Constanza Gómez detallaba el plan para asegurar la adjudicación: “lo que vamos a hacer es que vamos a armar el perfil del Programa de Intergeneracionalidad igual como los otros perfiles… ella los va a licitar, entonces nosotros hacemos el diseño y ella después hace todo el proceso para licitarlo… y en el fondo ellos lo presentan como una iniciativa del Gore y lo licitan para que nosotros nos ganemos la licitación y así todo es más transparente».
A esto se suma la declaración de Marcial Marín, exjefe de Planificación Social del Gore, quien afirmó haber recibido instrucciones directas de su jefatura, Evelyn Magdaleno, para trabajar con la fundación. Marín testificó que se le solicitó gestionar un servicio especializado con ProCultura y que la decisión de utilizar la glosa presupuestaria 7.1 como mecanismo de financiamiento “fue una instrucción que bajó directamente desde nuestra jefatura y fue parte de una estrategia general impulsada por la administración del Gobierno Regional”.
El debate por la calidad de funcionario público Un punto central de la discusión legal es si Alberto Larraín debe ser procesado bajo la figura de funcionario público. El abogado querellante de la UDI, Paulo Tolosa, defendió esta tesis señalando que, según convenios internacionales, “la calidad de funcionario público se tiene desde el momento que tú prestas servicios, ya sea en forma permanente o parcial, ya sea que tú recibas honorarios o sea ad honorem”.
La defensa: «ProCultura no es Democracia Viva» Por su parte, la defensa de Larraín, liderada por el abogado Cristián Arias, calificó la investigación como una “imputación tan difusa que hace bastante evidente que a la base no es claro que se haya cometido un delito penal”. Arias enfatizó la trayectoria de 15 años de la organización para desmarcarla de otros escándalos recientes, asegurando que “es completamente falso que ProCultura, y sobre todo Alberto Larraín, no tuviera la experiencia para tratar temas de salud mental”. Finalmente, el defensor fue tajante al declarar ante el tribunal que “lo que es claro es que el dinero no está en el bolsillo de Alberto Larraín”.
Mientras la Fiscalía solicita la prisión preventiva para los principales involucrados por la gravedad de los delitos, la defensa argumenta que el arresto domiciliario total sería una medida suficiente. Se espera que la audiencia de formalización continúe durante las próximas jornadas.
