Un error de cálculo en las cuentas de luz, debido a un error de metodología adoptada desde 2017, del que nadie se dio cuenta en 8 años, generó un alza indebida en las tarifas eléctricas que lesionó el bolsillo de todos. Pasó desapercibido durante tres gobiernos: Bachelet, Piñera y ahora Boric, pese a que cada seis meses, según la ley eléctrica, se ajustan semestralmente los costos de la electricidad, se hacen análisis y se publican mediante un decreto que firma el ministro de Energía “Por Orden del Presidente de la República”.
El hecho se conoció al aprobarse mediante la Resolución Exenta 633 de 14 de octubre, el Estudio Técnico Preliminar por parte de la Comisión Nacional de Energía, con las bases del sistema tarifario que regirá desde el 1° de enero de 2026. En el consta una rebaja de un 2% de las tarifas para compensar el error de cálculo que le habría significado hasta ahora a las empresas generadoras unos 120 millones de dólares de ingresos ilegales. Pero, según informa el diario El Mostrador, habría sido la SEC la que había dado la voz de alerta y no la CNE.
El gobierno en menos de 48 horas le pidió la renuncia al ministro de Energía Diego Pardow y al secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía Marco Mancilla. Adicionalmente, empoderó al PPD Álvaro García como biministro de ambas carteras: Economía y Minería.
García, quien se apresuró a declarar que el gobierno va a “determinar los canales más efectivos para devolver esos dineros a las familias chilenas”, anunció también que iniciará “una auditoria interna para determinar hasta donde llegan las responsabilidades”.
El biministro, que fuera anteriormente ministro de Economía de Eduardo Frei Ruiz Tagle y de la Secretaria General de la Presidencia de Ricardo Lagos, sabe por experiencia propia que el Estado no tiene dientes para investigar y morder con eficiencia la falta de control. En el caso Inverlink, donde fue implicado penalmente a requerimiento de la Municipalidad de Viña del Mar, apenas se logró recuperar menos de la mitad de las pérdidas. De auditoria interna mejor no hablar en todo el aparto del Estado, pues ella existe como fantasma -al menos así ha ocurrido en el ministerio de Economía con García y sin él- solo a partir del año 2003 y siempre relegada a un control de cumplimiento de metas para asignar las remuneraciones adicionales de los funcionarios, y controlada por la Dipres.
En este nuevo caso de la electricidad (el anterior fue en los días previos al estallido social el 2019), la complejidad e impactos son mucho mayores. No solo administrativa y legal, sino económicos, porque el “error” ha impactado el conjunto del IPC y por esa vía a la indexación que se produce todos los días en la UF, lo que nos lleva a todo el ámbito financiero del país, además del cálculo de costo de bienes y servicios de toda clase que circulan en este. Incluidos los huevos, el pan y el transporte.
Si bien el error tiene su matriz en el cálculo tarifario eléctrico, son 8 años de impactos negativos que involucran hasta los cuidadosos análisis de inflación del Banco Central. Ocho años o casi 16 ajustes tarifarios, y como en la vieja y genial película de Raúl Ruiz, “Nadie dijo Nada”.
Ni la más imaginativa cadena – más bien círculo- del Marqués de Sade puede servir para retornar el valor perdido a los bolsillos de Juan Verdejo. Ni siquiera el voto, porque luego de 8 años es la misma, sí, esa, pero con otro nombre. Lo que no obsta a que todos los matinales y editoriales -incluidos nosotros- nos refiramos al caso. Desenfoque y nobleza obliga.
