La violencia, un mal endémico que ha acompañado a la humanidad a lo largo de su historia, parece hoy manifestarse con una crudeza y complejidad sin precedentes. En Chile, como en muchas otras naciones, la percepción de inseguridad y la escalada de actos violentos exigen una profunda reflexión sobre las bases mismas de nuestro sistema de justicia y nuestra comprensión de lo que constituye un delito. La sociedad chilena y el sistema judicial necesitan urgentemente reformular qué es un delito y sus sanciones para adaptarse a los cambios profundos que estamos experimentando.
Los casos de femicidio, desde el año 2021 bordean los 40 anuales. Los frustrados aumentaron más de un 20% el 2024 y los tentados se duplicaron. Muchos de estos hechos fueron cometidos por parejas que estaban formalizadas, pero en libertad con prohibición de acercarse a la víctima.
El actual sistema de justicia penal chileno, en gran medida, opera bajo un paradigma que no logra capturar la complejidad de la violencia contemporánea. Las categorías tradicionales de delitos, como el robo, el hurto o las agresiones físicas, se concibieron en un mundo menos interconectado y con dinámicas sociales, económicas y tecnológicas muy distintas. Hoy, la violencia no solo se manifiesta en la calle, sino que también se perpetra en espacios digitales, en los centros de trabajo a través del acoso, en los hogares bajo la forma de violencia intrafamiliar, o incluso a través de mecanismos económicos que precarizan la vida. El sistema judicial chileno está desfasado, lo que se agrava por el hecho de que la sociedad no comprende la magnitud del problema. La reformulación de los delitos debe considerar estos nuevos escenarios.
Por otra parte, la revolución tecnológica ha introducido nuevas formas de violencia que no siempre encajan en los códigos penales existentes. El ciberacoso, la difusión de fake news que incitan al odio, la extorsión digital y el robo de datos personales son ejemplos claros de actos que causan un daño significativo, pero cuya sanción no siempre es proporcional a su gravedad. La velocidad y el anonimato de internet complican la investigación y la persecución de estos delitos, haciendo que muchas víctimas queden desamparadas.
Paralelamente, los cambios económicos han generado nuevas tensiones que se traducen en violencia. La precarización laboral, la desigualdad de ingresos y la creciente brecha entre ricos y pobres pueden ser vistas como formas de violencia estructural. Si bien no son delitos en el sentido tradicional, crean un caldo de cultivo para la desesperación y el resentimiento que a menudo culminan en actos violentos. Un sistema de justicia que solo se enfoca en las consecuencias individuales del delito y no en las causas sistémicas de la violencia es incompleto.
Desde una perspectiva sociológica, la violencia es un fenómeno social que se perpetúa a través de ciclos. Un sistema de justicia enfocado exclusivamente en el castigo, sin considerar la rehabilitación y la reinserción social, tiende a generar una «puerta giratoria» de criminalidad. Las cárceles, en lugar de ser centros de rehabilitación, se han convertido en escuelas de crimen. Es imperativo que la sociedad y el sistema judicial reconsideren el propósito de las penas. No se trata solo de castigar, sino de restituir el daño, reeducar y reintegrar al individuo a la sociedad.
Filosóficamente, debemos cuestionar la idea retributiva del castigo, es decir, la idea de que la pena debe ser proporcional al daño causado. Si bien esta noción tiene su lugar, no puede ser la única. Debemos explorar enfoques restaurativos que busquen reparar el daño a la víctima y a la comunidad. La justicia restaurativa propone que el delito no solo viola la ley, sino que también daña a las personas y a las relaciones. En este modelo, las víctimas, los delincuentes y la comunidad trabajan juntos para resolver el conflicto y reparar el daño.
La reforma del sistema de justicia chileno no puede ser un simple parche. Requiere un diálogo profundo y transversal que involucre a juristas, sociólogos, economistas, filósofos, psicólogos y, sobre todo, a la ciudadanía. Se debe:
Ampliar la definición de delito para incluir las nuevas formas de violencia.
Crear sanciones proporcionales y efectivas que consideren las particularidades de los nuevos delitos.
Fortalecer los mecanismos de justicia restaurativa para complementar el enfoque punitivo.
Invertir en programas de prevención de la violencia que aborden las causas estructurales.
La violencia es un problema complejo que exige soluciones complejas. Ignorar los cambios sociológicos, económicos y tecnológicos que la explican es condenarnos a un sistema judicial obsoleto e ineficaz. La seguridad de nuestra sociedad depende de nuestra capacidad para pensar la justicia de una manera nueva y valiente. Es hora de que el sistema judicial chileno y la sociedad en pleno reformen aquello que se considera un delito y las sanciones que le corresponden, para construir un futuro más justo y seguro para todos.
La violencia, un mal endémico que ha acompañado a la humanidad a lo largo de su historia, parece hoy manifestarse con una crudeza y complejidad sin precedentes. En Chile, como en muchas otras naciones, la percepción de inseguridad y la escalada de actos violentos exigen una profunda reflexión sobre las bases mismas de nuestro sistema de justicia y nuestra comprensión de lo que constituye un delito. La sociedad chilena y el sistema judicial necesitan urgentemente reformular qué es un delito y sus sanciones para adaptarse a los cambios profundos que estamos experimentando.
