Por Francisca Barrientos
Para conmemorar el día de los consumidores quisiera reflexionar sobre un tema que de seguro será objeto de conversaciones en el próximo debate constitucional: me refiero a elevar el reconocimiento constitucional del Servicio Nacional del Consumidor (en adelante Sernac); y dentro de ella, el análisis respecto de la ubicación que debiera tener dicha institución dentro del entramado administrativo del Estado.
Por eso, en esta columna quisiera debatir sobre la permanencia del Sernac en el Ministerio de Economía que, dicho sea de paso, obedecería a razones históricas al ser la continuadora del Comisariato General de Subsistencia y Precios y luego la DIRINCO. Quizás, su continuación podría generar tensiones entre el crecimiento económico versus el fortalecimiento de los derechos de estas personas, que podría solucionarse si este organismo se traslada al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos o incluso al Ministerio de Desarrollo Social.
Hoy por hoy, ya no podemos pensar que los temas de consumo –ergo del Sernac- dicen relación sólo con sujetos privados o temas financieros. El consumo está presente en los servicios básicos de consumo masivo, telecomunicaciones, transporte, hay reclamos registrados en el Sernac por temas relacionadas con las AFP, educación, actividades concesionadas y no olvidemos el impacto que podrían tener las empresas estatales que se modelan para promover el desarrollo futuro del país, o ejes tan importantes y claves como el autoconsumo en materia eléctrica, por ejemplo; y qué decir de la sustentabilidad y el rol de los consumidores. Incluso, más allá del Sernac, algunas micro y pequeñas pueden ser consideradas como consumidoras en ciertos casos y ejercer sus derechos contra otras empresas, sin un ente estatal que los asista.
Un Sernac dentro del Ministerio de Justicia y derechos humanos podría poner el foco en el consumidor: en los derechos humanos de los y las consumidoras. Y gracias a ello podría conversarse con más énfasis sobre las brechas de acceso a la justicia, el rol (y lugar) de los Juzgados de Policía Local, promover una nueva sistematización codificadora de la legislación de consumo, entre otras cosas tan importantes que se necesita conversar con urgencia dentro de este ámbito.
Un Sernac dentro de Desarrollo Social consideraría el énfasis de los hipervulnerables desde la perspectiva social. Por ejemplo, sobre la necesidades de un consumidor inmobiliario y las brechas de acceso a la vivienda que debemos hacernos cargo como país, recordemos que por disposición expresa, se aplica la ley de consumo a las viviendas realizadas por el Serviu; podría profundizar sobre los derechos de los y las consumidores durante la niñez, ya que la ley de garantías de los NNA considera reglas en materia de publicidad, definida en la ley de consumo; establecer lineamientos especiales en favor de los consumidores/as adultos mayores y la necesaria adaptación de la legislación que debería considerar sus necesidades especiales en el acceso al consumo; la integración de derechos los consumidores/as frente a la necesidades de inclusión social y la discapacidad, toda vez que la reciente ley TEA (trastorno del espectro autista) exige a la banca y otros establecimientos similares el uso de un lenguaje claro y sencillo; entre otras medidas.
En fin, hay razones para reflexionar sobre la adecuación y permanencia del Sernac en un área asociada a la promoción de la productividad económica, generación de empleo, armonización de la política económica y sostenibilidad fiscal. Quizás, como sociedad, debamos una dar un paso adelante y considerar el cambio del Sernac a un eje más de derechos humanos o dentro del ámbito social.
Francisca Barrientos es Directora del Departamento de Derecho Privado de la Facultad de Derecho UAH (Universidad Alberto Hurtado). Abogada, Magíster en Derecho Privado, Doctora en Derecho, actualmente también es Directora del Instituto Chileno de Derecho del Consumo. Anteriormente se desempeñó como Subdirectora Jurídica y de Interpretación Administrativa del Servicio Nacional del Consumidor.
Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios