El país muestra desorientación en el funcionamiento de los Poderes del Estado y de sus instituciones. No se trata de querellas de competencia por asuntos contenciosos ni divergencias de apreciación en políticas en temas de Estado. Se trata que en la adopción de decisiones han empezado a predominar interpretaciones corporativistas y de grupos de interés privado por sobre lo que manda la ley, que empujan la legalidad y legitimidad públicas a los bordes de su exterminio como Estado. Sea en decisiones para determinar jerarquías o cargos, como penalidades por incumplimiento de la ley.
En un Estado en forma, funcionando bajo reglas de estricta legalidad y transparencia, los entes públicos no pueden hacer otra cosa que actuar con estricto cumplimiento de sus obligaciones y competencias. Y en aquellas más delicadas, actuar en conjunto, para lo cual existen mecanismos que facilitan la decisión hacia una convergencia institucional de criterios. De todo ello nace la certidumbre jurídica al país, y una ética de la legitimidad fuera de cualquier duda.
En medio de las repercusiones sociales y políticas que ha tenido el rechazo del nombre propuesto por el Gobierno para ocupar el cargo de Fiscal Nacional, han aparecido antecedentes de haberse realizado, previo a las consultas y decisiones formales de la Corte Suprema como cuerpo, audiencias y reuniones privadas impulsadas por algunos de sus integrantes, con el fin de producir un resultado pre acordado en favor del candidato Carlos Palma Guerra.
La voluntad del Presidente Boric de normalizar lo impropio constitucional del proceso, parece atendible como táctica política, pero nada estratégico respecto de su imagen de autoridad. Lo que hace es aceptar la ruptura de facto del hermetismo que debe caracterizar un procedimiento constitucional en el que intervienen los tres poderes, cada uno con sus obligaciones muy claras.
Una de estas reuniones fue la cena organizada por la ministra vocera, Angela Vivanco, en su casa de San Damián. En ella, además del Presidente de la CS Haroldo Brito, estuvieron los ministros María Cristina Gajardo, Eduardo Fuentes y María Angelica Repetto; Antonio Ulloa, ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Vargas abogado litigante del juicio Calderón- Argandoña de enorme publicidad; Manuel Guerra ex fiscal Oriente, hoy abogado litigante y profesor concurrente en la U San Sebastián donde es decano del ex ministro del Interior Andrés Chadwick. Es decir, reuniones de juristas conspicuos, sin lazos de intimidad conocidos entre ellos.
Algo similar ocurrió previamente en una Jornada de Reflexión de la Corte Suprema en Coyhaique hace unos meses, donde se una reunión cena en la casa de Carlos Palma, Fiscal de la zona, promovida también por Angela Vivanco. Ese fue el abrebocas de la candidatura de Palma Guerra, ya que Vivanco es ministra Visitadora de esa Región y se conocen hace años.
Aunque el resultado final a la hora de designar al Fiscal Nacional haya ido por carriles diversos, lo cierto es que en un proceso tan delicado, que tiene la participación constitucional de los Poderes Judicial, Ejecutivo y Legislativo, se ha develado como algo poroso y susceptible de manipulación, más allá de lo que prescribe la Ley, en todos sus ámbitos.
Las reuniones previas para consultas interesadas entre ministros de la Corte Suprema, hechos con abogados litigantes y fuera del foro institucional de ella, se hace sospechosa de infringir la obligación constitucional que tiene de elaborar una quina de candidatos a base de una estricta escala de merecimientos y sin incidencia de poderes externos.
No cabe argumentar que el candidato que se intentaba favorecer no fue el más votado y que, finalmente, el Presidente no lo escogió. Pero el candidato sí quedó en la quina y sigue vigente, y el daño más directo proviene de haber hecho reuniones previas sospechosas de planificar la candidatura de Carlos Palma.
Su principal promotora y activista de las reuniones, la ministra Vocera Angela Vivanco, dijo hace meses que el país estaba en la peor crisis de Seguridad de su historia. Habría que preguntarle ahora si tal juicio incluye los procedimientos constitucionales que obligan las decisiones no judiciales de la Corte Suprema, que ella habría transgredido abiertamente.
Por lo demás, el acto de la Corte Suprema de no cumplir con pulcritud su parte del proceso es grave, y el Pleno del Tribunal debiera, al menos, dar una explicación satisfactoria al país, antes que cunda la idea de una acusación constitucional.
La voluntad del Presidente Boric de normalizar lo impropio constitucional del proceso, parece atendible como táctica política, pero nada estratégico respecto de su imagen de autoridad. Lo que hace es aceptar la ruptura de facto del hermetismo que debe caracterizar un procedimiento constitucional en el que intervienen los tres poderes, cada uno con sus obligaciones muy claras.
Pero sin duda son la Corte Suprema y el Senado donde las transgresiones son graves. En el Senado, tres o cuatro senadores con absoluta discrecionalidad y talante propietario, le enmendaron la plana a la mayoría, omitiéndose de la obligación de votar sin explicación alguna. Esto no es serio en una democracia constitucional.
Todo ello lleva a pensar en la conveniencia de paralizar el proceso, y dejar en un interinazgo de dos años al Fiscal Nacional actual. Para luego, abocarse a la corrección real del procedimiento de designación vigente, que la irresponsabilidad política de algunos ministros de la Corte Suprema y de algunos senadores corrompió en su legitimidad democrática.
Abogado, analista político y experto en temas de seguridad. 
