La última semana política del Gobierno, que empezó con un cónclave interno tipo asamblea, y terminó con la visita de Gabriel Boric a la Araucanía, luego de ocho meses de asumida la Presidencia, y sin Wallmapu en los discursos, deja en claro que vive una crisis de autoridad que puede evolucionar a grave. Ello, porque no se decide a enfrentar la seguridad del país de la única manera posible, esto es aplicando la fuerza legítima del Estado a la insurrección mapuche y haciendo distinciones operativas de fondo sobre las tres violencias estructurales que lo afectan: guerrilla en estado inicial con soporte económico de crimen organizado; crimen organizado ordinario con vínculos transnacionales y migración ilegal; e intensificación de la criminalidad micro social en una sociedad violenta y sin vectores de autoridad.
Es posible que el Gobierno no desee enfrentar el tema de La Araucanía como una acción insurreccional, por los duros costos que ello tiene al interior la coalición doble que lo apoya. Pues implica un despliegue operativo militar de guerra. Sin embargo, la iconografía del poder gubernamental que acaba de escenificarse en La Araucanía, se parece más a la Ultima Cena que a un despliegue de autoridad y gobierno. Tiene un valor testimonial de ir a terreno a reconocer la existencia de terrorismo. Pero el diagnóstico está equivocado. Ya es guerrilla, y el ofrecimiento de una comisión que evalúe políticas de compensación, está fuera de la lógica actual de las organizaciones insurreccionales mapuche. Estas van por la autonomía política total y ya están en la lucha armada.
¿Se entiende por qué es tan importante designar un buen Fiscal Nacional, y no caer en el viejo compra huevos de la política? ¿Lo entienden realmente la ministra del Interior o el Presidente de la República?
No es fácil reconocerlo, aunque el problema viene in crescendo desde el gobierno de Ricardo Lagos, atravesando izquierda y derecha por igual. El gobierno del FA solo ha sido un agente más del aumento de la velocidad en la insurrección. Y mientras más se retrase la represión militar necesaria, más costosa será la solución real, y más difícil objetivar lo que se deba compensar como costo de la paz social. Se ha hecho de todo para evitar muertes inútiles, menos aplicar la ultima ratio del Estado de Derecho, la aplicación de la fuerza legítima para defender su integridad.
Los trabajos de la comisión propuesta por Boric servirán, seguramente, para determinar el daño a reparar en materia de tierras, al pueblo mapuche. Pero no sirven ni para ganar tiempo ni obtener normalidad política en La Araucanía. Mientras las organizaciones insurreccionales no se sometan al Estado de Chile y cesen de quemar Iglesias, escuelas y bienes privados, no puede haber diálogo posible. Ello, sin olvidar que el 70% del pueblo mapuche es urbano, es migrante pobre en las mayores ciudades del país, y ha quedado absolutamente fuera de toda compensación y consideración, como si no existiera.
La afirmación enfática del gobierno sobre la existencia de crimen organizado con vínculos a la insurrección mapuche, sean mafias de la madera o del narcotráfico, indica que tiene información de inteligencia suficiente para determinar las fuentes de financiamiento de la insurrección. Una razón más para intervenir militarmente. Nadie apoya una guerra sin tener un interés vital para hacerlo. Las ventajas económicas son uno de los principales, y es lo que movería a las organizaciones mafiosas en este caso o a cualquier enemigo de Chile.
En cuanto a la violencia criminal ordinaria, esta se despliega siempre como un negocio, por lo cual, en su nivel más elevado, es la inteligencia financiera el mecanismo esencial de su persecución. Acompañada por cierto con despliegues operativos de fuerzas especiales de la policía, capaces de controlar y reprimir las líneas de protección armada que toda organización de este tipo tiene, que incluye control territorial, tanto en zonas densas como en lugares apartados que favorezcan el anonimato.
Pero aquí se debe distinguir el vínculo de la inmigración, legal o ilegal, con el fenómeno de crimen organizado. Chile tiene dos tipos de inmigración: una inmigración criminal inducida y sostenida económicamente para colonizar con modelos delictivos propios de las mafias organizadas al país. Ello al lado de una inmigración efectivamente de carácter humanitario que les sirve a las primeras para encubrir sus movimientos.
La primera, es el caso del Tren de Aragua y mafias similares, tiene como objetivo penetrar y controlar zonas o actividades para un tercero. Ese tercero le brinda vínculos seguros y cobertura y, seguramente, si se investigara la residencia en los guetos verticales de Estación Central, Recoleta, Independencia o Renca, se podría perfilar mejor la inmigración criminal como acto colonizado de grandes mafias.
De lo anterior, como subproducto se produce una cotidianeidad de violencia y negocios ilegales de emprendimientos menores, como la venta de drogas en los barrios, la usura del micro préstamo, el control de calles para el comercio ilegal, el motochorreo y la prostitución y los asaltos, que crean la atmósfera social de ingobernabilidad de la seguridad. Aquí, un papel esencial lo cumple el tráfico de armas. Todo agregado a la experiencia delictual del país y produciendo una hibridización en la configuración de los delitos. ¿Se entiende por qué es tan importante designar un buen Fiscal Nacional, y no caer en el viejo compra huevos de la política? ¿Lo entienden realmente la ministra del Interior o el Presidente de la República?
Sin visión de política criminal de estos fenómenos, la tendencia de las autoridades civiles es creer que los delitos horadan la autoridad y no al revés y que deben dictarse más leyes. Es no entender que es la indefinición política la que permite que el delito se normalice como conducta y atmósfera social. Y en estas circunstancias, cuando se desea aplicar la autoridad, se descubre que o es tarde, o falta capacidad técnica para enfrentar la complejidad social de los delitos. E incluso lo más grave, que desde atrás de esto, viene una generación de ciudadanos que hoy se están formando, que creen que las soluciones están en sus manos, que la violencia paga y que la autoridad es un modelo del pasado, solo apto para escenificar un TikTok.
Con el celular todo se puede, dicen. La autoridad vale menos que el dedo índice de la mano derecha (o de la izquierda, si se es zurdo), y es el que manda lo que de verdad ocurre en la realidad.
Abogado, analista político y experto en temas de seguridad. 
