La tenencia y uso de teléfonos celulares por parte de la población penal desde el interior de las cárceles, es un problema que ninguna autoridad o institución ha logrado enfrentar con éxito. Mientras los decomisos no frenan su uso, no sólo aumentan sino que se diversifican las modalidades de estafa, extorsión y operaciones delictivas como el narcotráfico o los casos crecientes de secuestros, operadas desde el interior de los recintos penitenciarios.
Ante el bajo efecto de los decomisos, una de las soluciones que se han planteado es la instalación de bloqueadores o inhibidores de señal de teléfonos celulares o “Jammer”, dentro de los recintos de reclusión, para impedir que los detenidos puedan conectarse con el exterior. De haber existido este tipo de tecnología, por ejemplo, se habría evitado el uso de cuatro equipos telefónicos por parte del líder de una de las bandas más temidas como es la denominada banda del “Tren de Aragua” desde la cárcel de Valparaíso.
Por mientras, debemos conformarnos con los esfuerzos solitarios de algunos legisladores que abordan el tema, sin la debida presencia de las autoridades involucradas que carecen de herramientas, acciones concretas y estrategias debidamente planificadas e integrales en este sentido.
Por otra parte, cuando se discute por la factibilidad de instalación de equipos tecnológicos para bloquear las señales en las cárceles, surgen a menudo tres puntos en la discusión: cómo estas medidas afectan a la población que vive cerca de los penales y que ven mermada su capacidad de conexión, los derechos que tienen los reclusos a la comunicación y por último, cuál es el organismo responsable de esta tarea.
Los dispositivos han avanzado lo suficiente como para poder operar en áreas determinadas y acotadas sin afectar a la población vecina a un recinto penal, como ocurre en cárceles de países como Israel, cuya tecnología en Chile es ampliamente conocida, especialmente por las Fuerzas Armadas. Respecto a los derechos de los reclusos a comunicarse, ellos podrían seguir haciéndolo pero de manera controlada y acotada desde, por ejemplo, cabinas controladas por el mismo personal de Gendarmería. Y por último, debe ser este organismo el responsable de llevar a cabo la implementación de un sistema “Jammer” en los recintos penitenciarios, sin deslindar responsabilidades a las empresas proveedoras de telefonía.
A su vez, el bloqueo de señales o práctica del “jamming” consiste en la generación de ondas electromagnéticas portadoras de un ruido que interfiere y hace imposible las comunicaciones y hoy en Chile lo puede hacer cualquier persona que cuente con el dispositivo adecuado, que son de libre venta en el país, a diferencia de países como Estados Unidos, México, Canadá, Fracia o Italia, entre otros, que sólo permite su uso en recintos carcelarios, militares o gubernamentales específicos.
Esto último repercute en que delincuentes adquieren estos aparatos para evadir, por ejemplo, las señales de gps de vehículos robados y seguramente se irá usando en más escenarios delictivos en la medida que las bandas delictuales se van profesionalizando. A pesar de eso, tan lejos como estamos de bloquear el uso de móviles en las cárceles, estamos de regular la venta libre e indiscriminada de este tipo de dispositivos, lo que evidencia la nula mirada estratégica de las autoridades en materias de seguridad.
Por mientras, debemos conformarnos con los esfuerzos solitarios de algunos legisladores que abordan el tema, sin la debida presencia de las autoridades involucradas que carecen de herramientas, acciones concretas y estrategias debidamente planificadas e integrales en este sentido.
