Contraloría

El municipio encabezado por la alcaldesa Irací Hassler (PC) tiene 10 días de plazo para responder. La propia jefa comunal ha salido a aclarar que «el proceso ha sido de acuerdo a toda la normativa».

El contralor, haciendo algo que la ley no le permite, juzga el mérito de los actos de autoridades políticas, sin fundamento legal ni base real, pues no se trata de un acto administrativo final, Ley 19.880, sino un mero acto de impulso político respecto del trabajo que debe realizar la SEGPRES.

«La manera y la oportunidad en que el Ministro Secretario General de la Presidencia efectuó la aludida comunicación, si bien se enmarcan dentro de las funciones que le corresponden a esa Secretaría de Estado, no se ajustó a la necesaria prescindencia que se requiere frente al plebiscito”, sostiene el ente fiscalizador.