Hay crisis que se gestionan y crisis que se alimentan solas. La del Ministerio de Justicia pertenece, a estas alturas, a la segunda categoría.
Todo comenzó con un dato brutal y difícil de explicar: 56 rebajas de condena firmadas entre marzo y septiembre a violadores y abusadores de niños, 29 por violación y 27 por abuso. Pero lo que convirtió el dato en crisis política fue la cadena de errores comunicacionales y políticos que vino después.
1. El video de Silva y la tesis del «criterio ajustado».
Siete meses de silencio oficial se rompieron con un video de Instagram. El subsecretario Luis Silva, «el profe», publicó el jueves 29 una declaración de cuatro minutos con la foto del Presidente Kast a sus espaldas.
Su mensaje intentó ordenar la defensa: «Cuando llegamos a este ministerio, rechazamos las rebajas de condena. Yo mismo firmé varias. Sin embargo, al poco tiempo, desde la Corte Suprema llegaron sentencias que nos obligaban a revertir la decisión. Y las decisiones de los tribunales de justicia se cumplen».
Y luego la frase clave que hoy marca el flanco interno: «¿Y por qué aparece mi firma? A quien le corresponde firmar es al ministro de Justicia, pero cuando el ministro no está, lo subroga el subsecretario. Y cuando el subsecretario, subrogando al ministro de Justicia, firma, lo hace aplicando el criterio fijado por el propio ministro. Y eso fue lo que hice».
La defensa, en vez de cerrar, abrió dos frentes nuevos. Primero, reconoció que el Estado falló con las víctimas. «El resultado es exactamente el mismo y no había garantías ni de que eran informadas ni escuchadas. En esto, el Estado falló». Segundo, dejó por escrito que el criterio que hoy se cuestiona fue fijado por el ministro Fernando Rabat, con lo que el fusible ya no es solo administrativo, es político.
A eso se sumó la revelación paralela: oficios de Silva pidiendo rebajar 19 meses a ex agentes de la CNI condenados por desapariciones, pese a que la Suprema ya había ratificado el rechazo en el gobierno anterior.
2. El «mejor país de Chile» y el silencio en Enade.
Mientras la crisis escalaba, el Presidente José Antonio Kast eligió el ENADE 2026 para intentar dar vuelta la página económica. Bajo el lema «Tempus Invertendi: Tiempo de Invertir», cerró con una talla.
«Para volver a crecer, hay que volver a creer y atreverse a cambiar. Y como dijo un joven, ahí en el año 2015 y muchos no lo entendieron, después de un gran triunfo de Chile en el área deportiva: ¡el mejor país de Chile, hermano!», dijo. Y ante el silencio del auditorio, repitió: «El mejor país de Chile, hermano».
La frase viral de la Copa América 2015, usada para decir «tenemos el mejor país del mundo para invertir», no encontró risa ni aplauso. El silencio fue demoledor y se viralizó en sentido contrario: «Quedó pasao’ a talla», «nadie se rió», «cómo decir que no tienes calle sin decirlo». Un intento de distender cuando el país discute abusos a niños no solo no conectó: confirmó la sensación de desconexión.
El contraste fue evidente. Esa misma mañana, el propio Kast había tenido que reconocer: «Prometimos poner a las víctimas primero. Hoy, frente a nuestro propio error, ese compromiso se pone a prueba». El error, la crisis, el dolor más grande, esas fueron las palabras del gabinete en un mes que el Presidente quería cerrar con optimismo e inversión proyectada de 8,1% para 2027.
3. ¿Echar a Rabat por decreto?
Y aquí entra la tesis que hoy circula en la oposición y que revela lo frágil del blindaje.
Según trasciende en La Moneda, Kast sí le habría pedido la renuncia a Rabat el día que estalló el caso. Rabat no la aceptó. Se aferró al respaldo presidencial inicial y a la tesis constitucional. Por eso la oposición ya no habla solo de acusación constitucional, sino de una fórmula extrema: removerlo por decreto, sin esperar su renuncia, invocando la facultad presidencial de remover ministros.
Sería una señal brutal: admitir que el Presidente no controla a su propio ministro de Justicia. Y abriría otra pregunta constitucional: si Kast sabía, si Silva dice que aplicaba el criterio del ministro, y si el criterio se cambió en mayo, ¿quién supo qué y cuándo en La Moneda?
4. ¿Se va a noviembre?
Sí, y es el mayor riesgo. La oposición ya anunció que presentará la acusación constitucional contra Rabat la próxima semana. Con el oficialismo quebrado -diputados RN y UDI pidiendo la salida, otros defendiendo a Kast-, el libelo tiene números para avanzar al menos en la Cámara.
Si llega al Senado y se abre una comisión investigadora, la investigación no se detendrá en los 56 decretos. Pedirán los oficios a la Suprema, los informes de Gendarmería, las actas del criterio de mayo, y las comunicaciones con la Presidencia. En ese escenario, la frase de Kast en Enade y el video de Silva no serán anécdotas, serán antecedentes.
El Gobierno intentó contener con dos medidas: suspender todas las tramitaciones pendientes y estudiar cómo revertir las rebajas concedidas. Pero ambas llegan tarde y reconocen implícitamente que el criterio era reversible, justo lo contrario a lo que se argumentó en mayo.
La crisis de las rebajas ya no es una crisis del Ministerio de Justicia. Es una crisis de conducción política. Y si no se resuelve con una salida clara de Rabat, con una explicación completa de la cadena de mando y con una reparación real a las víctimas, noviembre no será el mes del crecimiento y la inversión que Kast prometió en ENADE. Será el mes de la acusación, de la investigación y de la pregunta que hoy nadie en el oficialismo quiere responder: si esto llega a alcanzar al propio Presidente, si pasará de tornado a huracán.
