Los partidos políticos y sus elites que habitan la capital del país, tanto oficialistas como de derechas e izquierdas, con sus acciones y declaraciones dejan en evidencia la profunda crisis cívica y programática que los aqueja. La fragmentación de todo el espectro político y las disputas y alianzas cruzadas para seleccionar candidatos – “que sea el mío”- en una elección que se suponía de autoridades locales, deja al país inerme en sus demandas.
Esa carencia de un sentido social positivo y de liderazgos capaces de generar un orden cívico básico entre sus partidarios, resulta brutal para la democracia. Incluso en una en la cual su cultura política no ha superado el solo uso de los tres arcanos básicos de la política conservadora: el poder del gobierno de turno, el poder del dinero y el poder de la red de apellidos e influencias sociales.
La concentración de poder ya no es solo económica en el país. También se concentra familiarmente en la política como nepotismo, los bancos compran medios de comunicación y sesgan la información, los cargos públicos se intercambian como favores o premios al margen de la legalidad, y casi lo más normal resulta ofrecer incentivos en dinero o cargos para que algunos candidatos abandonen sus postulaciones en favor de un tercero “mío” para que gane. Esa es una práctica transversal, que todos aceptan y todos niegan. Vicios privados y pública virtud para acentuar la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio.
Las elecciones regionales y municipales de octubre de este año pasaron de locales a nacionales en grado de primarias presidenciales de las corrientes políticas con vistas a 2025. En seguida apareció la “capitalidad de la política nacional”, y el “mando central” de los partidos que, aprovechando las ventajas que les da la ley electoral, desde el centro empezaron a repartirse las candidaturas, indiferentes o por encima de las opiniones locales. Ello desató una ola de protestas y una invasión de candidatos turistas en múltiples localidades del país y enturbió las alianzas.
El siguiente paso fue buscar clientelizar a las figuras locales y ubicar en las candidaturas más importantes según la cantidad de electores a figuras de la elite central o “casta capital”. Como en la época digital acallar a la gente no resulta tan fácil, empezó toda clase de presiones, siendo la preferente la amenaza de estar fuera y lejos de la foto presidencial del 2025, sin perjuicio de la contrapromesa de cargos de todo tipo al obediente. Es decir, aplicaron la política de repartir lo ajeno pues, que se sepa, los cargos parlamentarios y todo el resto que se elige son de voluntad popular, y en Chile el total de afiliados a todos los partidos apenas llega a 400 mil de un padrón electoral de 15 millones de electores.
El resultado ha sido que un 70% de los candidatos a alcaldes y concejales sean independientes o de partidos pequeños y que la ingeniería política tenga brechas amplias de incertidumbre. Peor aún si ahora es con voto obligatorio.
La división e incertidumbre es igual en los dos grandes bloques políticos. Pero en la derecha se exacerbó con la disputa entre Chile Vamos y el Partido Republicano por alcanzar la mayoría electoral del bloque, con vistas a la elección presidencial. La más perjudicada ha sido la candidata presidencial más bien aspectada del bloque de derechas y del país, Evelyn Matthei, quien ha debido hacer malabares para no desbarrancarse en su carrera a La Moneda.
Ese estilo hasta matonesco y oligarca de la política ha adquirido carácter de competición caníbal impropia de elecciones democráticas y relaciones de alianza política en las distintas facciones de la derecha chilena, erosionando la posibilidad de un triunfo electoral de la derecha en muchas partes emblemáticas. Ello, junto con la percepción de corrupción que el país tiene en materia política, hace un enorme daño a la democracia.
Según la encuesta de SignosAnalytics del 31 de mayo, el 56,8% de los ciudadanos opina que Chile es un país corrupto o muy corrupto y un 62,3% dice que hoy es más corrupto que hace 5 años. Tribunales y jueces se señalan como las instituciones más corruptas. Y existe la triste percepción que Chile sufre el mayor riesgo de su historia en materia de ética y probidad, particularmente en el funcionamiento del Poder Judicial, lo que resulta un corolario de la crisis de seguridad que experimenta el país.
La persecución penal contra políticos del país es ya habitual en el ambiente político nacional. Y no son pocas las denuncias, juicios y detenciones de funcionarios del Estado por faltas a la probidad y numerosos los municipios que tienen sus máximas autoridades en la cárcel.
En la V Región de Valparaíso está en pleno desarrollo un caso que resulta paradigmático de lo dicho, donde terceros habrían presionado a un candidato a gobernador con ofrecimiento de un incentivo económico para dejar su candidatura, cuestión que éste no aceptó pues sigue siendo un candidato con buenas opciones de ganar.
Lamentablemente el entorno político y la prensa buscan que la víctima se inmole entregando detalles sobre un acto privado que no tiene otra prueba que sus propias palabras, y haga lo que efectivamente desean los eventuales corruptores para que gane “la suya”, esto es, terminar abandonando su candidatura por algo que no aceptó.
Lo determinante es que la gente conoce a los actores, tanto al candidato que no aceptó presiones como a su ex partido que trató de bajarlo, pese o debido al arrastre electoral que tiene en su zona. El veredicto lo darán las urnas, libremente. En los ambientes locales las gentes se conocen y conocen a sus políticos, más aún si llevan muchos años en las lides públicas. Cualquier otra cosa, incluidas las peticiones de investigación de cohecho o soborno, no llevan a ninguna parte excepto a un mayor desprestigio de la política. Si alguien ofrece dinero no lo vote, vote por el adversario.