Por Sergio Gómez Maseri, corresponsal de EL TIEMPO, Washington
HRW señala que propuestas de Gustavo Petro, Lula da Silva y Amlo sobre crisis en Venezuela son una ‘burla’ y ‘violatorias del derecho internacional’
La organización estadounidense le envió una dura carta, escrita por Juanita Goebertus, su directora para las Américas, a los presidentes de Colombia, Brasil y México.
Tras expresar coincidencias en algunos puntos y agradecimiento por su rol en la actual crisis de Venezuela, la organización estadounidense Human Rights Watch (HRW) dirigió una dura carta a los presidentes Gustavo Petro, Luiz Inácio Lula da Silva y Andrés Manuel López Obrador (Colombia, Brasil, y México) en la que se opone a tres de las iniciativas que han ventilado estos mandatarios como solución al impasse que vive el vecino país.
La carta, obtenida en exclusiva por este diario, fue escrita por Juanita Goebertus, directora para las Américas de esta ONG.
¿Por qué HRW considera ‘una burla’ repetir elecciones en Venezuela?
En la misiva, Goebertus cuestiona las propuestas para que se repitan las elecciones en Venezuela, el peso que se la ha dado a las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el llamado a una amnistía general con alcance nacional e internacional.
Sobre lo primero, HRW sostiene que «repetir las elecciones porque el gobierno de Maduro no está dispuesto a divulgar y aceptar el resultado de los comicios del 28 de julio sería una burla» frente a un principio básico de la democracia bajo el cual se debe respetar la voluntad popular y facilitar una transición pacífica del poder.
Repetir las elecciones porque el gobierno de Maduro no está dispuesto a divulgar y aceptar el resultado de los comicios del 28 de julio sería una burla.
Según Goebertus, «tal propuesta (repetir las elecciones), que sería inaceptable en cualquier país, sería especialmente problemática en Venezuela dadas las importantes barreras que los votantes y candidatos se vieron obligados a superar para participar en las elecciones del 28 de julio, incluyendo violaciones generalizadas de derechos humanos, que hicieron que la elección fuera marcadamente injusta y que pusieron a muchos votantes y candidatos en riesgo de sufrir abusos por parte del gobierno».
Adicionalmente, sostiene HRW, desde las elecciones el gobierno de Nicolás Maduro ha tomado medidas que volverían aún más injusto cualquier proceso electoral futuro. Entre ellas, la detención de miembros de la oposición, las amenazas de cárcel contra el candidato de la oposición Edmundo González Urrutia y la líder opositora María Corina Machado, la aprobación de una ley que otorga al gobierno amplios poderes para cerrar ONG, y propuestas de ley para restringir aún más la observación electoral internacional.
En su lugar, afirman, la solución de la crisis debería incluir garantías para que todos los partidos políticos participen en los asuntos públicos, el fin de la persecución contra la oposición y críticos del régimen y la liberación de todos los que han sido detenidos de manera arbitraria.
El rol del Supremo venezolano
Sobre el papel del TSJ, la organización sostiene que tanto la CIDH, como la ONU, el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, y otras autoridades internacionales han señalado que el tribunal carece de independencia y credibilidad.
«En lugar de proteger el derecho de los venezolanos a participar en elecciones libres y justas -dice Goebertus- el Tribunal ha desempeñado un papel destacado en el debilitamiento del proceso electoral de 2024».
HRW enumera, de hecho, todo un conjunto de acciones y decisiones de este órgano que a todas luces han sido parcializadas antes de concluir que «la decisión final del Tribunal Supremo no constituye un análisis creíble de los resultados electorales ni de la legislación venezolana, que inspire confianza o aceptación generalizadas. Por ello, instamos a sus gobiernos a que insistan en una verificación independiente de los resultados, que debería llevar a cabo una tercera parte creíble e imparcial».
Goebertus, en la carta, les agradece a Petro, Lula da Silva y López Obrador que sigan empujando en pro de la revelación de los resultados de las elecciones y no hayan usado, de momento, la decisión del TSJ para avalar e supuesto triunfo de Maduro.
Finalmente, HRW recuerda la obligación que tienen los Estados de investigar y perseguir las graves violaciones a los derechos humanos y crímenes internacionales como los que han ocurrido en Venezuela y se atribuyen al régimen de Maduro.
Aunque reconocen que de la mano con esa obligación pueden ser necesarios elementos de justicia transicional para reparar los daños, restablecer el Estado de derecho y garantizar la no repetición tras un conflicto o crisis como la que se vive en Venezuela -como el que se viene utilizando en Colombia tras la firma del proceso de paz-, «la propuesta del presidente Petro, formulada en términos generales y amplios, violaría el derecho internacional y afectaría a los derechos de las víctimas de atrocidades».
Adicionalmente, sostiene la ONG, la idea del presidente no garantizaría la seguridad jurídica de las partes interesadas en Venezuela, ya que cualquier amnistía que contradiga el derecho internacional podría ser fácilmente derogada o desestimada por jurisdicciones nacionales, extranjeras o internacionales en el futuro.
En la misiva, y tras anotar que las oleada detenciones arbitrarias que se vienen presentando «parece no tener precedente en la historia de país», HRW se muestra convencido de que «una negociación creíble entre todas las partes interesadas» sigue siendo la mejor manera de proteger los derechos humanos en Venezuela y para hallarle una salida a la crisis.
Algo que, dice, Petro, Lula y López Obrador han procurado y en lo que deberían insistir.
«Como han señalado sus gobiernos, la verificación transparente e imparcial de los resultados electorales, el diálogo y la búsqueda de acuerdos, así como las garantías para que todos los venezolanos participen en política, pueden ser elementos clave de dicha solución negociada», afirma Goebertus no sin resaltar que es un camino que probablemente incluirá «sanciones dirigidas específicamente a los miembros de las fuerzas de seguridad responsables de violaciones de derechos humanos y la corrupción asociada a estos hechos, así como incentivos para los aliados internacionales de Maduro y el sector privado que opera en Venezuela para que estos actores también promuevan el respeto de los resultados electorales y de los derechos humanos».