La dictadura venezolana entró a una fase de crisis por la ausencia de un mínimo de legitimidad y credibilidad ante la comunidad internacional. Nicolás Maduro, al declararse ganador se ha transformado en el gran obstáculo práctico y simbólico para imaginar una transición pactada que dé solución a la crisis mientras siga en el poder. En cualquier prospectiva política tiene más el aspecto de cadáver político que de un interlocutor válido. Pocos apostarían a que será el hombre del diálogo sobre la “justicia transicional” que implicará cualquier solución a la crisis.
Los apoyos que precariamente lo sostienen es, en primer lugar, la omisión cómplice del alto mando militar venezolano, y el terror y represión que ejerce la guardia bolivariana y la policía secreta sobre la población. La ciudad pánico de la dictadura tiene como ícono a Nicolás Maduro.
Lo sostiene también precariamente el apoyo interesado de amigos con poder: Rusia, Turquía, China e Irán, sujeto, claro está, a intereses mayores en la geopolítica global. Sus hermanos ideológicos Nicaragua y Cuba no pesan nada, ni siquiera en apoyo moral. México está en transición de gobiernos y en un momento en que le preocupa más la política norteamericana que la latinoamericana.
El apoyo de Brasil y Lula da Silva es más complejo pues está tironeado entre la voluntad de gran potencia de ese Estado, los intereses en la explotación de los yacimientos del Arco Minero del Orinoco; el petróleo en Guayana y los corredores bioceánicos hacia el Asia Pacifico.
En cuanto a Chile, ha sido el objeto de comunicación ofensiva de Maduro acusándolo de todo tipo de conductas anti venezolanas, y agregándole el asesinato de opositores políticos venezolanos exiliados en el país. Sin embargo, Chile se encuentra contagiado de ambigüedad y en la práctica le ha brindado el beneficio de la duda al no reconocer derechamente el triunfo de la oposición.
Esa ambigüedad debe analizarse a la luz de al menos tres aspectos que pueden explicarla: Primero la intuición de Gabriel Boric de exigir transparencia democrática en los resultados de la elección contuvo el apoyo abierto del Partido Comunista chileno a la dictadura de Maduro. Se mantiene abierta una pugna en el oficialismo en época eleccionaria, pero con un PC cada vez más aislado en el bloque político en el gobierno. Lo de Boric es lo menos que se podía exigir a Maduro, frente a la ola de detenciones ilegales de opositores, multas a proveedores para impedir actos de campaña y amenazas de un baño de sangre si no ganaba su bloque “civil, policial y militar invencible.”
En segundo lugar, debe conocerse el peso de una política vergonzante del Estado de Chile ante sus ciudadanos, iniciada en época de Piñera, como garante de acuerdos de paz en Colombia entre la guerrilla y el gobierno de ese país. Ellos hoy están en peligro de fracasar, y urgen a la diplomacia de Bogotá. Brasil es igual que Chile país garante de esos acuerdos, por lo que resulta imposible que Lula y Boric no hayan hablado del tema. La inexistencia de un comunicado luego de la reunión, abre una interrogante grave para Maduro y aumenta la presión sobre Colombia y los diálogos con el ELN, que el presidente Petro desea concluir con éxito, pese a lo difícil que será.
Tercero, hay que mirar la crisis migratoria con colonización criminal de territorios que trae envuelta la migración venezolana, y que ha abierto un forado de inseguridad en la infraestructura crítica de puertos en el país. La dictadura venezolana ha alentado facciones criminales en la apertura de un tránsito ilegal por Brasil, Paraguay y Bolivia. Este ha tomado vínculos con Hezbollá y el Primer Comando de la Capital (PCC) según Interpol, con puntos de apoyo en ciudades de la costa atlántica brasileña y hacia el interior en Ciudad del Este y Bolivia hasta la frontera con Chile. Esto también es un tema para los corredores bioceánicos que a Brasil le importan, sobre todo en materia de seguridad. San Antonio como puerto está en el centro de una geopolítica de inversiones de Emiratos Árabes y China, tanto en Chile como en la ampliación de Chancay en el puerto peruano del Callao.
La complejidad de la política de Chile con Venezuela es alta desde hace mucho tiempo. Llama la atención que el embajador de Chile en ese país, el socialista Jaime Gazmuri, calificara la expulsión de que fue objeto, como algo “sin precedentes, insólito e inesperado”. O no le informaron ni dieron instrucciones sobre el país al que iba, ni percibió (pese al bochornoso incidente de cooperación policial que protagonizó junto al Subsecretario del Interior Manuel Monsalve en Caracas indicativo practico) que ese gobierno no se rige por la Convención de Viena.
Chile se hizo parte de los acuerdos de paz entre Colombia y la guerrilla de las FARC el año 2012 luego que, con Noruega, México y Cuba como garantes, las FARC pidieron “a Venezuela como estado acompañante” y el presidente Santos de Colombia le pidiera lo mismo a Sebastián Piñera para equilibrar los diálogos. El 2016 se firmó el acuerdo del gobierno colombiano con las FARC, pero el FLN quedó fuera. Cuando asumió Iván Duque la presidencia de Colombia se paralizó todo el proceso. Además, fuera del FLN surgió otro grupo de las FARC que no ingresaron al proceso de paz por incumplimientos de Duque. Estos volvieron a acciones como Nueva Marquetalia, dirigidos por Iván Márquez que fue negociador de las FARC. Apareció, además otro grupo denominado Estado Mayor Central. Estos tres grupos prácticamente viven de la ayuda de Maduro y de actividades ilegales en la triple frontera.
Las iniciativas reactivadoras de Petro del año 2022 llevaron a Chile al papel de garante junto con Noruega, Cuba, Venezuela, Brasil y México. Estos tienen de acompañantes financieros al grupo formado por Suiza, Suecia, Alemania y España.
La posición de Chile lleva años impulsada por cuatro gobiernos, desde Piñera I hacia adelante y que tuvo como encargados a Luis Maira y Raúl Vergara. Es una misión semidiplomática que nuestra Cancillería poco o nada reconoce, pero que lleva implícita la marca país: Compromiso democrático, política multilateral, respeto de los derechos humanos. La complejidad de lo ocurrido justifica-tal vez- la tibia posición de la ex Comisionada de la ONU para el los DD.HH., Michelle Bachelet, frente a Maduro: responder con mesura las insolencias del dictador y buscar una salida pacífica. Es también un indicativo al Partido Comunista de que está actuando en contra de la política exterior de Chile, debilitando la identidad democrática que el país tiene.
Una salida pactada implicará justicia transicional, tema central en las negociaciones entre la guerrilla y el gobierno colombiano y que Chile conoce al revés y al derecho. Por ello, Chile debería continuar en su papel. Eso es lo que no quiere Nicolás Maduro, pues por más burro que parezca, no puede no darse cuenta que, en una transición pactada, es un invitado de piedra además de un condenado. Por eso solo, ya es un cadáver político.