El convenio colectivo renovado sin problemas desde 2006 fue cuestionado por el actual Conservador del Registro de Hipotecas y Gravámenes, mediante una demanda laboral contra los trabajadores, y que provocó la ira del más antiguo de sus compañeros Luis Maldonado Conservador de Propiedades y Comercio, quien pidió la nulidad de la demanda. Todo ante la enorme preocupación del Poder Judicial, indirectamente aludido de falta de control por la demanda de Carlos Miranda.
Hay un toque de opacidad en los ingresos del registro Conservador de Bienes Raíces de Santiago. Por el tamaño de la jurisdicción, que atiende 27 comunas, tres personas comparten el “oficio” de Conservador dentro del mismo edificio en Morandé 440. Luis Maldonado Croqueveille, Conservador del Registro de Propiedad, Comercio y Aguas. Kamel Saquel Zaror, Conservador del Registro de Interdicciones y Prohibiciones de Enajenar y Carlos Miranda Jiménez, Conservador del Registro de Hipotecas y Gravámenes. No se sabe con exactitud cuánto dinero perciben cada uno de los tres como ingresos y como ganancias ni existe algún número en un registro de consulta pública.
Solo el decreto 588 del Ministerio de Justicia de 1998 establece el tope del arancel que los Conservadores pueden cobrar por trámite. Y en este contexto, los cálculos sobre los ingresos de los Conservadores rondan cifras entre 150 y 200 millones de pesos mensuales. Veinte veces más que un ministro de la Corte de Apelaciones, que es la entidad a cargo de supervisarlos.
El Conservador empresario
De los tres que comparten el “oficio”, Saquel y Maldonado son los más antiguos. El primero desde 1998 y el segundo desde 1996 y ambos son vitalicios. Carlos Miranda de Hipotecas lo tendría solo hasta los 25, a menos que traiga la mochila de vitalicio de su cargo anterior de Notario en Concepción. Más allá de cuestionamientos periódicos a los privilegios de quienes ofician de Conservadores, la fiesta se mantenía en cauces parlamentarios de reforma. Hasta la llegada de Carlos Miranda, hace 13 meses, luego del fallecimiento de Edmundo Rojas García en agosto del año pasado, quien llegó a oficiar de león sordo en un sistema aparentemente armónico.
Miranda quien era notario y Conservador de Minas en Concepción enfrenta hoy un áspero e inédito conflicto con los trabajadores del Conservador de Bienes Raíces de Santiago (CBRS), a través de una demanda en el Primer Juzgado de Letras del Trabajo en Santiago. Con esta acción legal, Miranda pide la “nulidad absoluta” del Convenio Colectivo con los sindicatos 1 y 2 que agrupan a parte de los 494 trabajadores del CBRS. El convenio actual está vigente desde 2021 y rige hasta 2024.
En la práctica este convenio con pequeñas variaciones se ha ido renovando sin mayores problemas desde 2006, hasta ahora. En su demanda, Carlos Miranda cuestiona que con el convenio, los trabajadores del CBRS “a primera vista, parece ser una suerte de ‘participación en las utilidades’ generadas por el CBR que beneficiaría a los trabajadores que en él se desempeñan”. No solo eso, Miranda cuestiona la supuesta intervención de los funcionarios en la administración del CBRS y la dificultad que tendría, a causa del convenio colectivo, para contratar nuevo personal. Para argumentar, en su acción legal cita el dictamen 2856/162 de la Dirección del Trabajo en 2002 que consigna que “al empresario le es reconocido el ejercicio de una serie de facultades o prerrogativas que tienen por objeto el logro del referido objeto empresarial…” y con esta cita, se autoasigna el rol de empresario, aunque el cargo no le costó ni un peso.
Mujeres embarazadas
Este argumento suena al menos insólito al considerarse el mismo un “empresario” por cuanto su cargo se trata de una función pública según la Ley, para la cual fue designado por el Poder Judicial mediante los enchufes políticos habituales. En otro apartado de la demanda, Carlos Miranda asegura que la disposición de repartir los ingresos es “una intromisión indebida por parte de los trabajadores en la facultad de gestión del empleador”.
Los trabajadores señalan que eso no es efectivo por cuanto el Conservador si ha podido efectuar contrataciones. Entre ellas, todas de carácter político, la de Manuel José Ossandón Lira, hijo del senador RN Manuel José Ossandón; el RN Gonzalo Infante, mencionado por boletas ideológicamente falsas de Soquimich en junio de 2009, amigo íntimo del ex presidente de Renovación Nacional (RN), Cristián Monckeberg, el cual también ha sido contratado por Miranda para hacer coaching al personal de su dependencia (**. Ver aclaración al final de esta nota). Además de muchas otras contrataciones.
Ello desmiente, señala el Sindicato 1, que Miranda esté imposibilitado de ejercer tranquilamente su función por culpa del convenio, o que se limite la facultad de organizar, dirigir y administrar la empresa. Los sindicatos no intervienen en ello dicen, el contrato colectivo no se los permite, pues su único objetivo es regular las remuneraciones de los trabajadores en la forma acordada, y la facultad específica de revisar los nuevos contratos apunta a evitar una discrecionalidad discriminatoria y el pago de favores políticos a costa de los trabajadores NN del CBRS”.
Por cierto, no es primera vez que Miranda se enfrenta a sus empleados. En el Poder Judicial hay registro de tres causas donde el entonces notario intentó despedir a trabajadoras con fuero maternal. Finalmente, las causas fueron resueltas por conciliación entre las partes. Pero alcanzó a salir en la prensa una de las afectadas, quien reprodujo una frase de Miranda. “El me dijo que no le servía tener una embarazada trabajando”, afirmó la asistente social Andrea Toledo.
Una de las versiones que circula, indica la molestia de Miranda con su antecesor, el conservador interino Francisco Javier Leiva Carvajal, sobre quien Miranda repite periódicamente la queja de que le “dejó envenenado el oficio con parientes contratados” sin que en la práctica se pueda confirmar la veracidad de esta afirmación, teniendo a la vista la planilla de personal contratado.
Problemas con sus compañeros de oficio
La demanda de Carlos Miranda no solo irrita a los trabajadores del CBRS. También molestó a uno de sus compañeros de oficio, Luis Maldonado. El más antiguo de los tres conservadores, presentó un escrito en contra de la demanda, pidiendo la “nulidad de todo lo obrado”. Concretamente, Maldonado alega que Carlos Miranda usó la firma que corresponde a los tres conservadores, para la demanda sin avisarle y lo hizo con un poder destinado a un problema puntual y no a este tipo de acciones, afirma el escrito respectivo.
Miranda retrucó con otro escrito con adjuntando un correo en el que a su juicio constaba el aviso de la demanda. Pero no pudo o quiso ahorrarse adjetivos hacia su compañero de oficio y agregó que “es natural, entonces, que el Sr. Maldonado se moleste y se sienta complicado cuando, en un litigio como este, pueden salir a la luz prácticas de gestión poco prolijas o no ajustadas al derecho laboral en las que podría caberle alguna responsabilidad”.
La respuesta de Miranda parece casi una declaración de guerra y una invitación a investigar la “prácticas de gestión poco prolijas o no ajustadas al derecho” podría caberle a Maldonado, y que de paso le dan un “coscorrón” a los ministros visitadores que durante años han dado su aprobación al Convenio Colectivo al momento de fiscalizar el manejo del oficio. Según las versiones que circulan de este conflicto que preocupa sobremanera al Poder Judicial, no se descartaría la apertura de un sumario en contra de Miranda por su accionar poco prudente. Ello por poner una nota de conflicto laboral al intenso lobby que se hace en el parlamento para aprobar la reforma al sistema registral y notarial, cuya concreción tal como está planteada solo perjudicaría a los ciudadanos y a los funcionarios.
** ACLARACIÓN: El señor Cristián Monckeberg llamó a la redacción del diario, solicitando que se aclare que nunca ha sido contratado por el Conservador de Bienes Raíces de Santiago, sino que participa pro bono en un comité de gestión interna convocado por los Conservadores.