En el mes de julio de 2018, la Fiscalía Nacional Económica (FNE), difundió un estudio que tituló: «Estudio de Mercado sobre Notarios». Fue el primero que hizo, inaugurando con ello una facultad que había introducido una reciente modificación a la ley que la regula.
El mercado elegido para este primer estudio, en comparación con otros, era bastante irrelevante desde el punto de vista del impacto en la economía de las familias o nacional, y todavía no acabo de entender por qué se eligió este y no otro, aunque tengo mis sospechas, trabajé allí diez años. Pero eso no es lo relevante, la FNE ha hecho otros estudios de mercado, donde las anomalías, o como se les suele llamar en el mundo de la economía, las distorsiones de mercado – se sospechaba y se confirmó – eran mucho más relevantes y el impacto en la economía familiar mucho más significativos.
Se critica al notariado de poco eficiente, de alto costo y poco innovador. Se puede corregir aquello, sin duda y se podrá impulsar una normativa tendiente a ello, pero no puede una innovación minar la solidez del sistema y lo que es relevante a él, seguridad jurídica, certeza, confianza tanto para el ordenamiento jurídico como para las personas que utilizan estos servicios.
Me refiero, por ejemplo, al mercado del gas o el de los remedios, donde, su regulación o intervención de la autoridad es mucho más apremiante. Sin embargo, la prensa y la presión de ciertos grupos de interés ha estimado mucho más importante urgir a la autoridad a intervenir el sistema notarial y registral y ahí tenemos en prensa al ministro de justicia dando explicaciones por lo de los notarios, mientras que de los de economía o salud nadie se preocupa.
Del estudio de la FNE se pueden extraer diversas conclusiones y ello dependerá de quien haga las interpretaciones. Una a las que más se ha recurrido para provocar la desafección del público con el notariado, es la alusión a los ingresos del notario, su renta. En promedio dice el estudio, un notario obtiene $14 millones de pesos mensuales. No niego que más de alguno obtiene esta renta, pero el problema es que los promedios distorsionan y nuestro poeta Nicanor Parra, como buen matemático que era nos lo demuestra con los siguientes versos: «Hay dos panes. Usted se come dos. Yo ninguno. Consumo promedio: un pan por persona».
No obstante las críticas que podemos hacer al estudio de la FNE, hay una conclusión que se consigna en ella y que es sustantiva y desde mi punto de vista la más relevante de todas, pero como no conviene a quienes están detrás de impulsar la modificación del sistema (que las requiere pero no aquellas que más interesan a quienes impulsan la crítica) no ha sido relevada como debiera.
Después de referirse a las rentas que extraería un notario expresa: «Sin perjuicio de lo anterior, es de suma relevancia destacar que el sistema notarial chileno, pese a ser poco eficiente, de alto costo, y poco innovador –según se establece más adelante-, sí ha funcionado de manera efectiva en entregar seguridad jurídica a las personas que utilizan sus servicios. Existen muy pocos casos en que notarios hayan sido destituidos por incumplir sus deberes de manera relevante, y en general, los privados delegan en ellos múltiples tareas que requieren de altos niveles de confianza, lo que indica que tienen y han tenido un rol relevante para el ordenamiento jurídico y para la economía nacional».
Desde cualquier punto de vista, esto es lo relevante del sistema notarial y registral, este es su objetivo, para esto fue diseñado y ello constituye su misión: otorgar seguridad jurídica, certeza, confianza. Es lo que lo hace eficaz en y para nuestro ordenamiento jurídico y, por añadidura, para la economía nacional. Y es lo que se pierde con alguna de las modificaciones que se pretende introducir al sistema.
Se critica al notariado de poco eficiente, de alto costo y poco innovador. Se puede corregir aquello, sin duda y se podrá impulsar una normativa tendiente a ello, pero no puede una innovación minar la solidez del sistema y lo que es relevante a él, seguridad jurídica, certeza, confianza tanto para el ordenamiento jurídico como para las personas que utilizan estos servicios.
Y aquí cito la norma que es estructural de nuestro sistema jurídico y que se resentiría con los cambios que se pretende introducir: Para que una persona se obligue a otra por un acto o declaración de voluntad – dice el art. 1445 del Código Civil- es necesario que sea legalmente capaz; que consienta en dicho acto o declaración y su consentimiento no adolezca de vicio; que recaiga sobre un objeto lícito; que tenga una causa lícita. La firma electrónica con la que se pretende reemplazar la función del notario no otorga la certeza que exige esta disposición. El único que puede dar certeza de ello es el ministro de fe, es la herramienta que el sistema jurídico ha creado para ello, es consistente con él y ha sido eficaz en la prevención de conflictos y el consecuente ahorro de costos si se quiere mirar desde el punto de vista económico.
Por otro lado, ¿reduce costos, logra ser más ágil o viene a darle más solidez y confianza al sistema la creación de fedatarios? Sinceramente no lo creo. En el proyecto que se discute, no se le imponen al fedatario las exigencias que sí se le imponen a un notario. Ignoramos cómo serán supervisados y por quien, dado que no estarán obligados, por ejemplo, a mantener un oficio, tampoco registros. En otras palabras, serán itinerantes. No me parece seria esa institución que se pretende establecer, ni que sea un aporte relevante al sistema. Desde el punto de la eficiencia económica que es lo que interesa a la FNE, no lo sabemos, pero recordemos algo respecto a la eficiencia económica, un ladrón que roba 100 millones en un día, es mucho más eficiente económicamente que aquella persona que trabaja horadamente por un salario y que demora dos años en reunir dicha cantidad.
La FNE, desde un punto de vista de la eficiencia económica es sin duda la llamada a hacer recomendaciones para que un mercado funcione de una mejor manera, pero el notariado y el sistema registral no es un mercado de las características habituales de los que está llamado a fiscalizar, porque está inserto en un ordenamiento jurídico y es un engranaje de él, no de la economía. Si este sistema se debilita, se debilita todo el ordenamiento. El objetivo, la misión del sistema notarial y registral es otorgar seguridad y certeza jurídica y no se puede desconocer que esta es la forma más eficaz de lograr eficiencia económica, si ello tanto interesa.
