La anomia institucional, política y moral que experimenta el sistema político chileno es algo más que grave. En su crisis actual, no se advierte cuál sería el núcleo matriz de una autoridad con credibilidad ciudadana suficiente capaz de impulsar un principio de orden en ese sistema. Lo peor, es que el sistema jurídico y sus normas que son las que cohesionan y dan sentido al actuar de los actores y las instituciones, revienta por todos lados, presionado por la inflación de escándalos y corrupción.
La crisis del Poder Judicial que es parte del actual embrollo institucional va más allá de la incompetencia del actual Gobierno o del Congreso Nacional. A fin de cuentas, ellos marcan un ciclo político corto que tiene remedio al menos parcial, en los procesos electorales de renovación de autoridades. En cambio, lo del Poder Judicial es contracultural y de largo plazo, pues es crisis de confianza en la justicia, en la imparcialidad de los tribunales y la igualdad ante la ley, y restablecerla puede llevar décadas, suponiendo que no hemos caído en el abismo de la arbitrariedad.
Una aguda columna de Manuel Cruzat Infante publicada en la edición de El Mercurio del sábado 19 de octubre (A2) pone el dedo en la llaga sobre este tema. Con el doble valor de su análisis intrínseco más el hecho de ser escrita por uno de los constructores del modelo económico que ha orientado por varias décadas el desarrollo de Chile.
Sostiene Manuel Cruzat que las reformas de los años 80 del siglo pasado elevaron drásticamente el nivel de la discusión en muchos tópicos de la vida nacional, dejando obsoletos argumentos de políticas públicas que eran simples eslóganes vacíos. Ello obligó a dictar nuevas leyes y a diseñar sistemas de control sobre los diversos sectores del Estado, principalmente la economía. Pero en tal proceso, señala, “ocurrió un evento trágicamente negativo: por razones políticamente insalvables y los siempre presentes intereses de grupos hubo un sector clave que quedó fuera del proceso modernizador, y que fue todo el sector justicia, con sus instituciones, enseñanza del derecho y prácticas legales”. Y si bien luego se dictaron leyes, agrega, “su aplicación quedó anclada a lógicas del pasado.”
Y señala que “Nuestra cultura legal está tan atrasada que en años recientes se ha podido observar que importantes empresas nacionales han sido castigadas con cuantiosas multas en sistemas legales de países desarrollados y aquí prácticamente no han sido objeto de reproche”.
Más allá de que su alusión a “razones políticamente insalvables”, posiblemente referidas a requerimientos de legitimidad por el momento que se vivía en el país, lo que señala Manuel Cruzat resulta vital para un país que basa su prestigio y desarrollo en la existencia de una economía abierta, de competencia leal y con seguridad jurídica para la inversión privados, donde la permisología, tema tan actual, es solo un componente más de la certidumbre jurídica y no el nodo del crecimiento. Y para un país en el cual, la tendencia a la concentración y la falta de competencia logró desplazar los controles rigurosos de una economía moderna basada en la innovación y la competitividad y la lealtad fiscal.
La crisis actual de corrupción, también en el poder judicial, gira en torno a intereses económicos corruptivos, que es posible gracias a la omisión o inoperancia de organismos reguladores como la Comisión para los Mercados Financieros, CMF; la Superintendencia de Casinos y Juegos; la Superintendencia de Insolvencias, el SII y, en general, del conjunto de organismos que son vitales en la generación de Fe Pública, y que es lo que primero dañan los casos de colusión, quiebras fraudulentas o manipulación de procesos judiciales con jueces amigos.
En los escándalos que corroen a la Corte Suprema en ningún momento se ha mencionado a un organismo de su directa dependencia: la Corporación Administrativa del Poder Judicial, CAPJ. Esta administra los fondos totales de ese poder del Estado prácticamente sin control; maneja de manera discrecional el algoritmo de distribución de causas del Poder Judicial sin responder por eventos negativos y eventuales manipulaciones externas y, desde hace más de una década viene siendo mencionada en hechos irregulares, el último de los cuales fue la fallida compra de autos Lexus para ministros de la Corte Suprema. Nadie controla y por lo tanto, como sostiene Manuel Cruzat inevitablemente era “la Crónica de un desastre anunciado”.