El decreto 97 del Ministerio de Educación, promulgado el 21 de julio de 2020, establece la implementación de la asignatura de lengua y cultura de los pueblos originarios ancestrales para los cursos de 1º a 6º año de educación básica. Ello, en todos los establecimientos educacionales que posean más de un 20% de su matrícula de alumnos pertenecientes a pueblos indígenas. Aquellos que tengan menos de un 20% de alumnos pertenecientes a un pueblo originario, pueden implementarlo de manera voluntaria.
Sin embargo, el mencionado decreto del MINEDUC aclara que en el caso de los establecimientos que tengan menos del 20% de matrícula indígena, también será obligatoria la implementación si existen alumnos de origen likan antai, colla, diaguita, yagán o kawésqar, por tratarse de lenguas y culturas en mayor peligro de extinción.
Muchos pensaron que las banderas mapuche (wenufoye) flameando en la Plaza Dignidad durante el estallido social eran sólo una moda. Sin embargo, ellas son un ícono, un indicio de las zonas urbanas permeadas por personas que reconocen un origen al que el Estado históricamente le ha dado la espalda.
El Decreto tiene como una de sus referencias la Ley 19.253 (Ley Indígena), promulgada el 5 de octubre de 1993, que en su título IV estipula el desarrollo e implementación de un sistema de educación intercultural bilingüe, como parte de la responsabilidad del Estado en la protección de los pueblos indígenas y sus formas de vida.
Sin embargo, ni el decreto que cumplió 2 años ni la ley que ya tiene 29 años, han sido respetados por el sistema educacional chileno, ni honrado el compromisos de Estado con los pueblos originarios incluso ante la comunidad internacional, con la entrada en vigencia del Convenio 169 de la OIT en 2009.
Tal vez al mestizaje chileno esto le parecerá poco relevante. Sobre todo cuando el imaginario común solo relaciona a los pueblos indígenas con las zonas rurales, con pequeñas escuelas ubicadas en los campos del sur o en zonas alejadas de las ciudades como el altiplano o los canales australes. Algo demasiado vulgar, aunque ello fuera efectivo, como actitud de reconocimiento cultural.
Sin embargo, los últimos datos aportados por el CENSO de Chile, y la Encuesta CASEN, arrojan que de cantidad de 2 millones y más de personas que se declaran pertenecientes a un pueblo indígena, más de 1 millón 600 mil viven en zonas urbanas y sólo unos 400 mil habitan en zonas rurales.
En el caso del pueblo mapuche, del millón 700 mil personas que lo componen, más de 700 mil viven en la Región Metropolitana y solo un poco más de 300 mil en La Araucanía, considerada comúnmente como la “región mapuche”.
Tales datos cuestionan seriamente pilares relevantes para el desarrollo de los pueblos indígenas como la propia Ley Indígena, creada cuando un 70% de las personas de ellas vivían en zonas rurales. Cuestiona incluso la misma distribución presupuestaria de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, CONADI, donde más de un 80% se destina a la compra de tierras. Lo que hoy adquiere relevancia luego que el Presidente de la República Gabriel Boric, en su reciente visita a La Araucanía, anunciara la creación de una Comisión para determinar las dimensiones de la reivindicación de tierras.
Muchos pensaron que las banderas mapuche (wenufoye) flameando en la Plaza Dignidad durante el estallido social eran sólo una moda. Sin embargo, ellas son un ícono, un indicio de las zonas urbanas permeadas por personas que reconocen un origen al que el Estado históricamente le ha dado la espalda. De gente con la que se relaciona solo de manera asistencialista, en una de las tantas formas de discriminación solapada que persisten en el Chile actual.
Desde su primer día, el Gobierno del Presidente Gabriel Boric ha demostrado una buena disposición hacia las demandas de los pueblos indígenas. Pero ha llegado la hora de pasar de las buenas intenciones a los hechos concretos, a la implementación de políticas públicas adecuadas, a una dignificación real de los pueblos que dieron origen a nuestro país y que constituyen uno de los principales tesoros de su cultura diversa.
Por ello, una manera de comenzar a honrar los compromisos y cumplir con sus demandas, consiste en hacer cumplir el decreto del MINEDUC, incorporando adecuadamente la asignatura de lengua y cultura de los pueblos originarios en los establecimientos educacionales del país. Poniendo orientación cultural a su dignificación, e integralidad a la identificación de sus demandas, que viven en todo el país y no solo en La Araucanía. Allí solo están nuestros santuarios territoriales de origen.
