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A Yenifer Paredes se le acusa de haber ofrecido una obra de saneamiento en la región de Cajamarca, de la que Pedro Castillo es oriundo. Arista del caso apunta al gobernante como supuesto «cabecilla» de una organización criminal.
Una verdadera crisis que podría seguir escalando es la que vive por estos días el gobierno peruano, tras las acusaciones que pesan sobre Yenifer Paredes, la cuñada del presidente de la República, Pedro Castillo, quien es investigada por tráfico de influencias.
La mujer es objeto de una indagatoria de la Fiscalía tras, supuestamente, haber ofrecido una obra de saneamiento en la región de Cajamarca, de la que el jefe de Estado es oriundo.
Luego de permanecer prófuga de la justicia, Paredes finalmente se entregó en horas de la tarde del miércoles al Ministerio Público. Su comparecencia se produce un día después que la policía allanara el Palacio de Gobierno en cumplimiento de una resolución judicial que ordenaba su detención por diez días y la de otras tres personas vinculadas a su caso, entre ellas dos empresarios y un alcalde distrital de Cajamarca.
Durante la diligencia en la residencia presidencial, que se extendió hasta horas de la madrugada, la hermana menor de la primera dama, Lilia Paredes, no pudo ser ubicada y su paradero se convirtió en un mistero.
El ministro de Justicia, Félix Chero, dijo que la entrega voluntaria de la mujer «demuestra que aquella versión mediática de que estaba escondida en Palacio no es tal» y en fatizó que es algo que «demuestra que el presidente no encubre a nadie».
El caso estalló después de un reportaje periodístico de la cadena América Televisión diera a conocer un video donde la joven le informaba a pobladores de una comunidad del distrito de Chota, en Cajamarca, para informarles que necesitaba censarlos para construir una obra de saneamiento, pese a no ocupar ningún cargo gubernamental.
En las imágenes, Paredes aparece junto a Hugo Espino, quien fue detenido el martes y es el representante legal de la empresa JJM Espino Ingeniería & Construcción S.A.C., que en septiembre de 2021 ganó una licitación con el Estado por más de 3,8 millones de soles (casi un millón de dólares).
Por este caso, informó la agencia de noticias EFE, Paredes fue citada recientemente ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, donde negó haber tenido injerencia en los contratos que Espino ganó con el Gobierno, aunque reconoció que sí trabajó para su compañía.
Dijo que conocía al empresario desde 2019 y que empezó a trabajar para él en agosto de 2021, motivo por el cual Espino visitaba «usualmente» el Palacio de Gobierno.
La hermana de la primera dama precisó que el contrato que tenía con la empresa de Espino era «verbal» y aseguró que en las imágenes difundidas por el programa periodístico ella estaba realizando sus labores para su empresa, que se trataban de «censar a la población, recoger datos estadísticos de la población para ver si era factible realizar algún proyecto».
Con antelación a las diligencias en la sede del Ejecutivo, medios locales informaron de la detención de Espino, así como la de su hermana Anggi Espino y la del alcalde de la localidad de Anguía, en Chota, José Medina Guerrero.
De acuerdo a la resolución judicial que autorizó estas cuatro detenciones, Castillo sería el «jefe» de esta supuesta organización criminal enquistada en el Ejecutivo, con Medina y al actual ministro de Transportes, Geiner Alvarado, como «cabecillas».
