Existe una diferencia fundamental entre desplegarse nacionalmente para lograr el apoyo ciudadano por el Apruebo, como lo han decidido sus comandos políticos, y buscar marcar territorialmente las casas de los que se oponen, barrio por barrio, en todo el país. Las enfáticas expresiones de Karol Cariola de identificar dos millones de casas, en boca de una disciplinada vocera, militante y parlamentaria comunista, contienen subliminalmente dicha acción. Aunque pensando positivamente, es de suponer que solo son producto inadvertido de su entusiasmo y voluntad.
De darse, una acción de tal naturaleza, en medio de un cargado ambiente de emotividad, puede resultar al final en un hecho social odioso e intimidante para cualquier ciudadano de a pie. Sobre todos en aquellos sin pertenencia a un partido o indeciso en su opción. Peor aún si va acompañada de una ostentación de poder político y administrativo del oficialismo gobernante.
La transparencia y acción política en democracia exige una expresión franca y abierta de las propuestas en juego, con una prescindencia absoluta del poder administrativo del Estado. Incluso más, la cultura política chilena, luego de los arbitrios y excesos del período militar, exige si no la mudez, al menos la prescindencia y templanza de los gobernantes, empezando por Presidente de la República.
Hoy se trata de votar una Nueva Constitución, donde se debiera expresar libremente la voluntad de todos los ciudadanos, evitando que los activistas tracen una línea divisoria imaginaria e ideológica, que terminen llenando de antagonismos y discordias a la sociedad chilena hacia adelante.
Las técnicas de marcar socialmente a los opositores siempre han sido mecanismos de publicidad de los autócratas, que si tienen éxito, se transforman fácilmente en el preludio de luchas encarnizadas y odiosas, o directamente represiones. En otras latitudes se usaron para la eliminación física de adversarios como ocurrió en Alemania o Rusia, en Indonesia, concretamente Jakarta terminaron en la muerte de cientos de miles de comunistas; en la Grecia de los coroneles en los años sesenta y setenta del siglo pasado con miles de presos; y ha sido el sustrato de micropoder político barrial represivo en situaciones de crisis, incluida América Latina, como ha ocurrido en Venezuela, Nicaragua o Cuba.
En Africa ha sido un instrumento de marca en las luchas étnicas y tribales feroces, ocurrió en los Balcanes con el desmembramiento de la ex Yugoslavia e incluso en Chile, ha habido ya brotes preocupantes de intolerancia y rechazo violento del otro, en la zona de La Araucanía. Por no hablar de nuestra historia.
Estas acciones llevan siempre un implícito muy complejo, independiente de su envergadura, tipo u origen, y es que son realizadas desde una posición de poder, que busca ser intimidante. Son peores cuando existe una violencia recalcitrante inmediata, pero no menos arteras cuando corresponden a embestidas de poder con uso encubierto de resortes administrativos del mismo.
La transparencia y acción política en democracia exige una expresión franca y abierta de las propuestas en juego, con una prescindencia absoluta del poder administrativo del Estado. Incluso más, la cultura política chilena, luego de los arbitrios y excesos del período militar, exige si no la mudez, al menos la prescindencia y templanza de los gobernantes, empezando por Presidente de la República.
Resultaría totalmente contrario al espíritu del Plebiscito del 4 de septiembre próximo, que considerando la baja aprobación en todas las encuestas, de la gestión del Presidente de la República, los partidarios del Rechazo prendieran transformar el Plebiscito en un referéndum sobre el gobierno de Gabriel Boric.
El texto cuya aprobación se persigue contiene definiciones ampliamente compartidas y seguramente muy positivas para el desarrollo democrático del país. Pero también omisiones y temas enrevesados que, de aprobarse, la mayoría de los sectores están ya de acuerdo en que deben modificarse.
No parece justo entonces transformar ese acto electoral en una feria de vanidades, un festival de figuras políticas ni menos en un acto odioso y divisorio de los habitantes del país, o los Pueblos de Chile, como reza su Preámbulo. El día después, la realidad seguirá siendo realidad, y lo bueno y lo malo que tenemos entre manos no habrá cambiado mucho. Lamentablemente ese parece el legado de la Convención Constitucional ya extinta.
Abogado, analista político y experto en temas de seguridad. 
