El hecho político más importante del país los últimos días es que el Presidente Gabriel Boric busca ejercer el gobierno con mano firme, mientras su ministro Secretario General de la Presidencia, Giorgio Jackson medita su futuro político y la cantidad de pega extra que le puede caer en los próximos años. Ello se desprende del tono de La Moneda, en las últimas semanas.
Si bien este 4 de julio será una fecha de recordar en la historia nacional, la entrega del texto de la Nueva Constitución es solo una ceremonia. Dentro de un calendario que vence en 60 días, con un plebiscito de voto obligatorio, sobre Apruebo o Rechazo de ese texto.
Todo indica que nadie quiso converger en una lectura transversal y compartida de la realidad del país. Por el contrario, en la Convención Constitucional los partidarios de uno y otro sector, se anclaron en un juego letal de representaciones corporativas, que dio por resultado una opción binaria, que pone al país en trance de un bloqueo institucional catastrófico.
La glaciación ideológica de izquierdas y derechas sigue negando la posibilidad de una continuidad institucional legítima en el país, que garantice, sea cual sea el resultado del plebiscito, el régimen de transición que será necesario.
El país tiene, objetivamente, un nuevo soberano, el pueblo; y una voluntad política de cambio que es transversal. Lo que no tiene decidido, y esa es la mayoría/minoría que se resolverá en el plebiscito de septiembre, es cómo continuamos: si con el borrador de la Nueva Constitución como texto principal, o con el borrador de la Constitución de 1980 con todas las reformas hechas hasta ahora. Y con cuáles quórums.
Sin dudas, ese no fue el mundo que soñamos el 15 de noviembre de 2019. Pero la opción binaria tampoco. El retroceso a la Constitución de 1980 es ideológicamente falso, como también eso de «lo cambiamos todo con la fuerza del pueblo y la movilización social».
Es evidente que el texto que se entregará en una ceremonia al Presidente, podría haberse mandado con un oficio, incluso con escolta militar. Pero en el conocido modo formal chilensis se debe hacer un acto, cantar la canción nacional, ponerse la mano en el pecho y hacer un discurso. Todo ceremonioso, porque es ceremonia. Puede haber hasta lágrimas de emoción como hubo cuando se aprobó la Ley General de Educación durante el gobierno de Michelle Bachelet.
Lo que da botes es la necesidad de un acuerdo político de gobernabilidad democrática en el país. Ya todos conocemos el texto y los más optimistas del Apruebo o los más optimistas del Rechazo, saben que se requiere, y pronto, de acuerdos políticos para ver cómo se media y bajo cual representación democrática, el cómo se sigue. Por cierto, no ayuda la grave crisis de legitimidad de los partidos políticos y el empate en el Congreso Nacional.
De ahí mi impresión de que es correcta la intención del Presidente de intentar gobernar, y de tomar conciencia que tiene pega de cuatro años, independientemente de cómo salga el plebiscito. Y que inevitablemente habrá otros políticos, ministros incluidos, que ya sacan cuentas electorales de la situación y las contrastan con sus metas personales. Eso también es parte de la gobernabilidad democrática, pero algo que debe resolver el jefe.
Abogado, analista político y experto en temas de seguridad. 
