La ministra de Justicia y Derechos Humanos Marcela Ríos debe tramitar por primera vez ante el Senado la designación de un nuevo ministro de la Corte Suprema. Pero el tema está complejo, no por la quina elaborada por el propio tribunal -Jessica González, Soledad Melo, Marcia del Carmen Undurraga, Roberto Contreras y Sergio Mora-, sino por el nombre que elija el gobierno y lo dubitativo de la ministra en materia judicial.
Marcela Ríos perfila su gestión casi exclusivamente con temas de derechos humanos, lo mismo que su equipo de subsecretarios. Pero ella debe administrar un sector del Estado, el de Justicia, que tiene otros temas también trascendentales para el funcionamiento de nuestra democracia, y que están en franco deterioro institucional.
Siendo la primera en ocupar el cargo sin ser abogada desde 1990 hasta acá, parece no haber comprendido a cabalidad sus funciones, como ocurrió ante una pregunta del senador De Urresti sobre los llamados presos políticos del estallido social. Junto con atender con urgencia la coparticipación del Gobierno en la conformación del Poder Judicial, tiene a su cargo servicios como el Registro Civil, el Servicio de Mejor Niñez -que reemplazó al Sename- y Gendarmería. Debe ser contraparte del funcionamiento administrativo del Poder Judicial y participar en la conformación del llamado Escalafón Secundario de Auxiliares de Justicia, Conservadores de Bienes Raíces, Archiveros Judiciales y Notarios.
Lo complejo es que la ministra se declaró continuadora de la agenda impulsada por el Gobierno de Sebastián Piñera, lo que implica extender amparo a la ineficiencia y falta de transparencia de Hernán Larraín, cuya administración estuvo llena de licitaciones fallidas en los servicios, e intentos de controlar ese escalafón secundario con reformas al sistema registral de dudosa consistencia técnica.
Lo peor es que ese amparo de continuidad también cubriría la amenaza que tiene el ex ministro en una demanda por violación de derechos humanos en Alemania en contra de la ex Colonia Dignidad, debido a que podría ser citado a declarar en calidad -al menos- de testigo por sus nexos públicos con ese enclave criminal. Nuestro país ha sido objeto de múltiples reclamos en el país europeo por la lentitud y evasiva de sus actuaciones, y se encuentra al debe en sus compromisos de verdad y justicia.
En su oportunidad, además, la opinión pública consideró un despropósito y una provocación designar a Hernán Larraín como ministro de Justicia y Derechos Humanos en Chile. ¿Comparte el criterio la ministra o solo buscará los dos tercios de votos para el nombre que elija en reemplazo de Rosa Egnem?
