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El prisionero 80

El prisionero 80: Eduardo Palma, 50 años después de una liberación que la historia no debería olvidar

Tenía 18 años cuando efectivos de Inteligencia de la Marina llegaron hasta su casa en Limonares, Viña del Mar, y se lo llevaron detenido. Pasó por el cuartel Silva Palma, Villa Grimaldi, Cuatro Álamos, Tres Álamos y Puchuncaví. Más de un año después, su nombre apareció en una nómina oficial de liberados por la dictadura: era el número 80. Este 17 de noviembre, al cumplirse medio siglo de aquel episodio, Eduardo Antonio Palma Castro vuelve sobre una historia que, dice, es necesario contar mientras todavía queden quienes puedan dar testimonio.

Hay documentos que uno encuentra y que, después de leerlos, cuesta dejar de pensar en ellos. Una lista de nombres, una fecha, un número. A simple vista puede parecer un papel más entre tantos archivos de la dictadura. Pero para quienes aparecen en esas páginas, detrás de cada nombre hay una historia que difícilmente cabe en unas pocas líneas.

En una de esas nóminas aparece Eduardo Antonio Palma Castro. Su nombre ocupa el número 80 del listado de personas cuya libertad fue dispuesta por el Ministerio del Interior el 17 de noviembre de 1976. Cincuenta años después, la fecha tiene para él un significado especial. No solo porque recuerda el día en que terminó una larga etapa de prisión, sino porque aquel documento le permite volver a poner sobre la mesa una parte de nuestra historia que, a su juicio, no ha recibido la atención que merece.

Para entender lo que ocurrió hay que volver a los años posteriores al golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. La caída del gobierno de Salvador Allende dio paso a una dictadura militar que rápidamente convirtió la persecución política en una práctica sistemática. Se intervinieron las instituciones, se prohibieron los partidos, se persiguió a dirigentes y militantes y miles de personas fueron detenidas. Muchas pasaron por recintos clandestinos, otras terminaron en campos de prisioneros y otras nunca volvieron a sus casas.

La represión no distinguió edades. Tampoco exigía, necesariamente, una acusación formal ni un proceso judicial para mantener a alguien privado de libertad. La DINA, creada en 1974, se convirtió en uno de los principales instrumentos de ese aparato represivo. En Santiago y otras ciudades funcionaron recintos donde los detenidos eran interrogados bajo tortura, permanecían incomunicados y, en muchos casos, desaparecían.

Eduardo tenía 18 años cuando le tocó vivir esa realidad.

Su historia comenzó en agosto de 1975. Entre el 18 y el 19 de ese mes, efectivos de Inteligencia de la Marina llegaron hasta su domicilio en el sector de Limonares, en Viña del Mar. Según recuerda, el operativo estaba encabezado por un teniente de apellido Morera. Lo detuvieron y lo trasladaron al cuartel Silva Palma, en Valparaíso.

Allí permaneció unos diez días. Fueron jornadas de tortura, recuerda. Después vino el traslado a Santiago. Primero Villa Grimaldi y luego Cuatro Álamos, un recinto que funcionaba al interior del complejo de Tres Álamos y por el que pasaban personas que venían de otros centros de detención.

Alrededor del 10 de septiembre de 1975 llegó finalmente a Tres Álamos. Lo instalaron en el Pabellón Nº 1. Allí permanecería hasta marzo del año siguiente.

Cuando Eduardo habla de esos meses, no se queda solamente en lo que le ocurrió a él. Recuerda el movimiento permanente dentro del campo, la llegada de nuevos detenidos, los compañeros que salían al exilio y aquellos que recuperaban la libertad. Era una población que cambiaba constantemente, pero que nunca dejaba de estar marcada por la incertidumbre.

Cada pabellón, calcula, podía albergar entre 300 y 400 personas. No era difícil entender que la situación de los prisioneros respondía a una realidad mucho mayor que la de un grupo de detenidos. Había cientos de personas encerradas, muchas sin saber por qué seguían allí ni cuánto tiempo más tendrían que permanecer privadas de libertad.

En marzo de 1976 lo trasladaron a Puchuncaví, al campo de prisioneros Melinka. Eduardo recuerda la presencia de efectivos de Infantería de Marina en la custodia del campo.

Permaneció allí hasta los primeros días de septiembre, cuando fue devuelto a Tres Álamos. Esta vez quedó en el Pabellón Nº 2.

Su detención ya se había prolongado por más de un año. Y, según cuenta, no había sido sometido a un juicio ni se le había presentado una acusación concreta que justificara ese largo encierro.

Ese es uno de los puntos que Eduardo quiere destacar cuando recuerda aquellos años. Muchos de quienes permanecían en los campos de prisioneros estaban detenidos bajo disposiciones de seguridad interior del Estado. Pasaban meses y, en ocasiones, años sin enfrentar un proceso judicial. La detención se convertía así en una condena sin sentencia y sin una fecha clara de término.

En Tres Álamos, además, se encontraba gente de distintas organizaciones políticas. Eduardo recuerda especialmente lo ocurrido durante 1975, cuando la represión golpeó con fuerza al Partido Comunista, al MIR y a sectores del Partido Socialista que intentaban reorganizarse. La desaparición de dirigentes y militantes era una preocupación permanente entre los detenidos.

El complejo de Tres Álamos tenía una particularidad. Mientras Tres Álamos funcionaba como campo de prisioneros bajo custodia de Carabineros, Cuatro Álamos era un recinto de la DINA, donde los detenidos permanecían incomunicados.

Por esos lugares pasaban personas que habían sido detenidas en distintas ciudades y que, muchas veces, habían recorrido antes otros recintos de interrogatorio y tortura. Era una maquinaria de traslados, encierro y control de la que resultaba difícil saber cuándo se podría salir.

Entonces llegó noviembre de 1976.

El día 17, el régimen dispuso la liberación de cientos de prisioneros políticos. En los documentos de la época aparecen las nóminas y los decretos que dejaron sin efecto las medidas de arresto de quienes se encontraban detenidos en los campos de Tres Álamos y Puchuncaví. Entre esos nombres estaba el de Eduardo Palma.

La decisión no fue ajena al escenario internacional. Eduardo recuerda que la elección de Jimmy Carter como presidente de Estados Unidos, el 2 de noviembre de 1976, tuvo una influencia importante. Carter había hecho de la defensa de los derechos humanos uno de los ejes de su discurso y había cuestionado a las dictaduras del Cono Sur. Desde su perspectiva, Pinochet buscaba mejorar su relación con la nueva administración estadounidense y dar señales de apertura frente a las críticas internacionales.

Es una interpretación que merece ser revisada también a la luz de los antecedentes diplomáticos de esos años. Lo concreto es que la liberación se produjo en un momento en que el régimen enfrentaba cuestionamientos crecientes por las violaciones a los derechos humanos.

El documento que hoy vuelve a sus manos lleva el número de decreto 2343. En la nómina aparece, en el lugar 80, el nombre completo: Eduardo Antonio Palma Castro. No es un recuerdo ni una anotación hecha décadas después. Es un registro oficial de la propia dictadura que da cuenta de la decisión de dejar sin efecto su arresto.

Para Eduardo, sin embargo, lo importante no termina en haber encontrado su nombre. Hay algo más que le preocupa y que explica por qué quiso compartir esta historia justamente ahora.

Muchos de quienes estuvieron presos con él ya fallecieron. En el último tiempo le ha tocado asistir a varios funerales de antiguos compañeros. Con cada uno de ellos se va también una parte de la memoria de aquellos años, de las conversaciones en los pabellones, de los traslados, de las esperas y de las historias que difícilmente quedaron registradas en algún documento.

Por eso insiste en que hay que hablar de lo ocurrido. No solamente para recordar a quienes fueron detenidos, sino también para que las nuevas generaciones comprendan lo que significó vivir bajo una dictadura y lo que ocurrió con personas que, como él, eran prácticamente adolescentes cuando fueron arrancadas de sus casas.

Cincuenta años después, Eduardo Palma puede volver a mirar aquel papel y encontrar su nombre. El número 80 sigue allí, escrito en una nómina que forma parte de los archivos de la dictadura. Pero ya no es solamente un registro administrativo. Es también una puerta para reconstruir una historia personal y colectiva.

Una memoria que se vuelve todavía más urgente cuando los compañeros comienzan a partir. Eduardo recuerda con especial pesar a dos de ellos, fallecidos recientemente: Jorge Arquero, originario de Viña del Mar, y Mauricio Garrido, de Valparaíso. Son nombres que se suman a tantos otros que compartieron aquellos años de prisión y que hoy ya no pueden contar su propia historia.

Por eso insiste en la importancia de recuperar estos testimonios. Porque con cada compañero que muere también se va una parte de esa memoria, de las experiencias compartidas y de una historia que no siempre encontró espacio en la prensa ni en los relatos oficiales.

Tenía 18 años cuando se lo llevaron de su casa en Viña del Mar. Pasó por centros de detención y tortura, permaneció en distintos campos de prisioneros y finalmente recuperó la libertad. Hoy, medio siglo después, quiere que se sepa lo que ocurrió.

Porque los documentos pueden conservar los nombres, pero son las personas las que pueden contar lo que hay detrás de ellos. Y mientras queden sobrevivientes dispuestos a hablar, es la memoria seguirá teniendo voz.

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