La ministra de Educación, María Paz Arzola, ha provocado un terremoto político al anunciar que el Ejecutivo evalúa realizar una «pausa» en el traspaso de colegios municipales a los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP). Durante su intervención en el programa Estado Nacional, la secretaria de Estado reconoció que el sistema requiere una modificación legal urgente para mejorar su funcionamiento y asegurar el bienestar de los estudiantes.
El diagnóstico de la ministra Para Arzola, el modelo actual enfrenta dificultades estructurales, definiendo a los SLEP como un “servicio público tratando de administrar un servicio educativo”, dos lógicas que a menudo chocan. La jefa del Mineduc planteó que no existe una solución única y que, tras reunirse con cerca de 70 jefes comunales, ha constatado que muchos municipios administran de forma eficiente y obtienen buenos resultados.
“Dentro de esa evaluación (…) puede ser que se decida que se postergue o se aplace el que haya ciertos municipios que puedan quedarse más tiempo con sus escuelas”, explicó la ministra. Sin embargo, admitió que el margen de acción es limitado: “Hay una ley que nos limita y que hay que cumplir”, por lo que ya se trabaja en una propuesta de reforma para presentar al Congreso.
Fuego cruzado entre los alcaldes El anuncio generó reacciones inmediatas y contrapuestas en el mundo municipal:
- Mario Desbordes (Santiago): Valoró la pausa, pero lanzó una dura crítica a la conducción del Mineduc, acusando que la institución “no tiene ninguna autoridad, ninguna, cero” sobre los SLEP actuales.
- Sebastián Sichel (Ñuñoa): Respaldó la medida asegurando que no está dispuesto a que a los mejores colegios públicos “les quiten los patines y los promedien a la baja”.
- Karina Delfino (Quinta Normal): Se mostró contraria a la idea, calificándola como un “intento de retroceso” y cuestionando si la política educativa será “presa del Gobierno de turno”.
Un escenario financiero complejo Más allá de la estructura administrativa, Arzola reconoció que su aterrizaje en el Ministerio ha sido difícil debido a factores financieros: “Las materias financieras son un factor más difícil de lo que uno creía”. Esto ha obligado a un ajuste presupuestario serio para garantizar que los beneficios lleguen a quienes corresponde.
Asimismo, la ministra criticó la burocracia que «entorpece» la educación, señalando que los establecimientos pierden el foco llenando formularios en lugar de concentrarse en el aprendizaje en el aula. En este contexto, el Gobierno también busca avanzar con el proyecto “Escuelas Protegidas”, que incluye medidas polémicas como la revisión de mochilas, defendiéndolo como una herramienta necesaria para que el espacio escolar sea «sagrado» y libre de violencia.
