Un valor esencial de la democracia es la transparencia. Sobre todo de los actos administrativos, de sus fundamentos y de la responsabilidad pública de quienes los adoptan. Porque ellos dejan caer todo el peso del Estado y su burocracia sobre los hombros de los ciudadanos de a pie. Los actos administrativos transparentes no solo deben existir como norma, sino ejecutarse con precisión y rutinas claras. En Chile, ese control, de legalidad y oportunidad, es apenas un aleatorio en cada servicio. Siempre queda una enorme brecha de incertidumbre legal y decisiones abiertas a la discrecionalidad de los funcionarios, que los expertos llaman zonas grises por su baja visibilidad.
Los actos de control de reguladores como la CMF, la Superintendencia de AFP, la SUPERIR, la Fiscalía Nacional Económica, la TGR o la Superintendencia de Pensiones, entre otros, cuando se efectúan, no le producen certeza a las salas judiciales. Solo presentan una feble fe pública ya que nunca certifican decisiones fundadas en la oportunidad y la legalidad de manera coherente. Siempre son flexibles, sin rutinas claras en el tiempo, y muchas veces omisivas, es decir, simplemente no realizadas. Y cada caso es una excepción y los jueces que ven los actos cuando se presentan en juicios, nunca hacen apreciación legal de Esa situación porque es responsabilidad de otro. Así, la responsabilidad pública de los servicios se diluye, convirtiendo en letra muerta la ley y generando los reinos autónomos de la burocracia estatal donde gobierna la discrecionalidad más arbitraria.
Un regulador desregulado
Tal es el caso del tema previsional, uno de los más angustiantes y críticos problemas del Estado de Chile, que desde la Superintendencia de Pensiones dirige Osvaldo Macías Muñoz, un ingeniero comercial de la Universidad Católica y magíster en Dirección de Empresas de la Universidad Adolfo Ibáñez. Siempre silente, Macías integra el selecto grupo de la alta burocracia estatal que nadie controla.
Está desde 2016 al frente de la Superintendencia de Pensiones. Ha pasado por tres gobiernos diferentes, Bachelet, Piñera y ahora Boric. Durante 13 años (2003-2016) fue intendente de seguros en la entonces Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), actual CMF. Trabajó en la Superintendencia de AFP en los años 90 del siglo pasado, donde fue jefe de análisis de control financiero (1990-1994) y jefe de la división de estudios (1994-2003) de esa Superintendencia. En esos años la institución era liderada por el abogado Julio Bustamante Jeraldo. Su llegada al cargo actual el año 2016, se produjo luego de la salida de la titular Tamara Agnic, cuestionada por aprobar la fusión de las AFP Cuprum y Argentum, que permitió a la administradora un beneficio tributario cercano a los 80 mil millones de pesos.
Con tres décadas en el sector, el opaco Osvaldo Macías se alza como un pilar del sistema, especialmente en sus aspectos financieros. Pero su recelo a la exposición pública no ha impedido que su gestión aparezca empañada por fallas graves, decisiones dudosas y un escándalo reciente vinculado al caso Curauma, que lo expone descarnadamente como uno de los reguladores que, por acción u omisión, declinan sus responsabilidades en favor de quienes deben controlar.
Curauma la quiebra que lo desviste
Durante su etapa como intendente de seguros en la SVS, entre 2003 y 2016, Macías tuvo bajo su responsabilidad la supervisión de EuroAmerica Seguros de Vida S.A., una aseguradora estrechamente ligada al proyecto inmobiliario Curauma, en Valparaíso. Este desarrollo prometía ser un activo valioso, con terrenos y propiedades que podrían haber sostenido a la compañía. Ilegalmente forzada a la quiebra a pesar de los valiosos activos inmobiliarios que poseía, Curauma colapsó con un resultado devastador: Pequeños inversionistas y acreedores perdieron sus capitales, mientras que subastas poco transparentes ejecutadas con participación de EuroAmerica permitieron que unos pocos se beneficiaran a costa de los demás.
Años después, luego de una investigación acuciosa, en una carta fechada el 3 de febrero de 2025 y firmada por Esteban Rodríguez, ejecutivo de Curauma, este acusa a Osvaldo Macías directamente de una grave actuación en esa debacle.
En 2017, Esteban Rodríguez, amparado en la Ley de Transparencia, exigió conocer las inversiones de las AFP entre 2002 y 2016 y pidió el “balance diario, flujo de caja, estado de variación del patrimonio”. Macias se negó rotundamente, argumentando que divulgar esa información dañaría a los afiliados. Ese argumento fue defendido entre otros por el exministro Alejandro Ferreiro, ex superintendente de AFP y jefe de Macías, cuando Ferreiro fue titular de la SVS. Sin embargo, la Corte de Apelaciones desestimó el argumento haciéndole presente que a la Superintendencia no le correspondía “reclamar a nombre de terceros privados” y le ordenó entregar los datos, lo que le generó a Macías un fuerte daño de credibilidad. En sus argumentos, además, este infló los costos de la solicitud —habló de 1500 horas hombre necesarias para proveer la información cuando solo se requirió de 70 – y no escatimó recursos para defender a las AFP, las que percibiendo sus problemas de imagen ni siquiera se molestaron en respaldarlo.
El análisis minucioso de la información entregada permitió identificar en la quiebra de Curauma una serie de irregularidades que afectan a afiliados, con daños que no prescriben, y la certeza de que Macías no hizo nada para proteger los activos o evitar el colapso. Nada en absoluto. No hay registros de auditorías, ni de sanciones, ni de un intento serio por salvaguardar el valor de Curauma. Su inacción fue de una pasividad que no tiene justificación, pues si no fue negligencia inexcusable, entonces sería una tolerancia cómplice o corruptiva hacia quienes aprovecharon el caos. Así, Curauma no sería un traspié en su carrera sino la evidencia contundente de que por razones indeterminadas Macías no cumplió su responsabilidad pública. Ello evidenciaría, además, la existencia seriada de actos ilegales y omisiones para apropiarse de los bienes de Curauma.
Con su cercanía a la DC y una evidente alianza con la ministra Jeannette Jara, Macías no tuvo empacho durante el debate sobre la reforma previsional de sostener un discurso de oportunidad: crítica a las pensiones bajas, mientras que en 2021 descartó el sistema de reparto como “absolutamente inviable”. Con sigilo y doble juego Macías ha sabido tejer cautelosamente una red de influencias y fuerte favoritismo, pero que, exangüe ya, debiera acabar pronto.
El eco en las redes sociales es que la verdad lo acorrala. Mientras tanto, y al menos hasta junio cuando terminaría su período, Macías sigue siendo un enlace importante para reuniones constantes de la Superintendencia de AFP con los líderes de Cuprum, Habitat y la Asociación de AFP. Tanto así que cercanos a la asociación dicen que “es mucho más un aliado que un adversario, pues no regula, sino que pacta” con quienes debería controlar.
