La agenda política del país acaba de regresar a “la reforma del sistema político”. Tema recurrente en el debate político nacional como algo trascendente durante las últimas tres décadas, siempre tuvo un modo espasmódico y de meras circunstancias. El estallido social de 2019 marcó un punto de inflexión, afirmando la idea de que tal reforma debía contener una revisión seria de las bases institucionales del país.
Pese a los cambios constitucionales producidos en 30 años continuos de democracia, el sistema político chileno sigue teniendo elementos significativos heredados de la Constitución de 1980, que en la actual crisis vuelven a manifestarse regresivamente: El carácter hiper concentrado de presidencialismo y centralismo, que torna sus mecanismos de gobierno en algo demasiado lento frente a las necesidades decisionales de la política moderna.
Junto a lo anterior, está la crisis de representación democrática caracterizada por la brecha de percepción de la realidad existente entre los partidos y la ciudadanía. La percepción de que las instituciones vigentes, entre ellas los partidos políticos, no reflejan adecuadamente la diversidad social, cultural y territorial del país es un componente cultural estructural -valga la redundancia- de lo que la gente ve en la política. Ello ha generado un ambiente ciudadano de desafección y desconfianza que horada la adhesión social a las formas democráticas.
Una de las motivaciones esenciales del 2019, la demanda por mayor igualdad, justicia social y participación ciudadana, sigue sin respuesta, y se ve postergada sin fecha de reparación luego de fracasado el proceso constituyente continuo iniciado el 2020 y finalmente concluido en diciembre de 2023. Porque el debate se centra en régimen político y no en sistema político tal como anuncia el titular de los partidos.
En él, el debate sobre el hiperpresidencialismo tiene urgencia luego de la evidencia de la crisis de autoridad que rodea el cargo. Este problema que empezó a mediados de la década del 2000, concluida la fase de gobiernos socialdemócratas con la presidencia de Lagos, ahora se ha exacerbado. La reforma debiera apuntar a un sistema más equilibrado, basado en principios de competencia y responsabilidad pública de y entre los poderes constitucionales, con la obligación de mayor sincronía de ellos en las políticas de Estado.
En materia de descentralización y autonomía regional, la pasada elección de octubre de 2024 debe tomar en consideración el crecimiento y respeto institucional que vienen adquiriendo las gobernaciones regionales. Se fortalece su imagen de cargo unipersonal de elección directa en la estructura del Estado, de mayor jerarquía que las senadurías y frente al cual las delegaciones presidenciales aparecen como una institución anómala y virreinal que debe desaparecer. La radiografía electoral futura del país tiene un punto en este tema.
El debate sobre democracia participativa y reforma del sistema electoral contiene a su vez contradicciones tal como aparece entre los actuales actores políticos. Por un lado, se insiste en una democracia representativa con exploración de mecanismos de participación directa, como plebiscitos vinculantes y consultas ciudadanas, lo que parece adecuado para empoderar al ciudadano. Pero al hablar de sistema electoral y resultados, se combate la fragmentación de partidos, la cual aparece como el mal de fondo del desorden parlamentario; y causa de la no representación de los temas de paridad de género, inclusión de pueblos originarios y representación de minorías en la composición del Congreso.
Ello no parece coherente. Chile siempre ha funcionado con muchos partidos pequeños en su historia constitucional, mayormente en las fases de mayor estabilidad, lo que en situación de grave restricción de libertades políticas y civiles, genera la convergencia de estos a plataformas unificadas de acción política. Así ocurrió durante la dictadura militar y el proceso de recuperación democrática.
La convergencia y el consenso político no se construyen sobre la base de leyes o decretos. Ellos son producto de la cultura de diálogo de quienes hacen política. Es efectivo que la acción política se ha visto cooptada de manera escandalosa y fraccional, en primer lugar, al interior de los grandes partidos, para un uso y abuso de privilegios y posiciones de poder que traen ciertas posiciones públicas o cargos. Y que esa inclinación, favorece una cultura de gestión autoritaria y oligárquica, tanto en su interior como en la distribución de cargos. Ello de igual manera en la derecha como en la izquierda.
El vacío de representación política del centro ciudadano que actualmente se advierte solo se explica por la distancia entre pensamiento político partidario y realidad social, siendo esta muy lejana en las opciones de los partidos políticos. Nada indica que un debate político sea malo si tiene muchos interlocutores. Solo es mas difícil. Es la regla de la participación democrática.
