El 3% de los habitantes de Chile son venezolanos, el 2% peruanos y el 1% lo constituyen colombianos y otro 1 por ciento haitianos. En número, cerca del 10% de los habitantes de nuestro país son extranjeros, la mayor parte de ellos llegados en los últimos 10 años.
En el caso de los venezolanos, en los últimos 5 años, la gran mayoría de ellos que duplican a los peruanos, que hasta entonces bordeaban el cuarto de millón. Hoy los hijos de Chávez y de Maduro, o de Guaidó y Guaraquena, son 532.715 que tienen una identidad conocida, otro tanto, podrían ser hasta 20 mil, no sabemos quiénes son.
Todos quienes hemos viajado sabemos conjugar ese refrán que reza… «donde fueres, haz lo que vieres», pero eso no parece ser regla para una parte ínfima de los migrantes, cuyas conductas sociales no son lo que la sociedad que los recibe, acostumbra. Menos el tipo de delincuencia, donde primero te disparan y luego te roban.
Ante ese panorama la sociedad tiene el derecho a defenderse, siempre bajo las leyes vigentes, y acá parece estar el problema. Los jueces son los llamados aplicarlas, pero muchas veces son laxos o se apegan a la letra y no al espíritu. Por ejemplo, en los casos de violencia intrafamiliar se dicta una medida de prohibición de acercarse a la víctima, pero hemos visto una y otra vez asesinadas a mujeres que estaban bajo la «protección» de la justicia con esa cautelar. Cuánto más ocurre a diario con lanzas y motochorros que salen y, a la vuelta de la esquina, siguen cometiendo esas y otras tropelías. Hasta ahí, por ahora, se trata de jueces que se toman la justicia con cierto relajo.
Pero qué pasa con los legisladores cuando se trata de perseguir a las grandes mafias que sobornan a autoridades, con abogados y no es posible investigar la ruta del dinero. Acabamos de asistir al Congreso de la República que, con el voto en contra de las bancadas de derecha, se aprobó levantar el secreto bancario «cuando se trate de sospecha de estafas». Es decir, solo si alguien está siendo investigado y no se prueba la sospecha no es posible investigarle las cuentas corrientes.
Además, la penalidad establecida para estos delitos de estafa gozan de las atenuantes de toda persona, si tiene irreprochable conducta anterior opta a rebajar en algún grado la sanción y, muchas veces salen firmando o con clases de ética.
Volvamos a los venezolanos. Acá falta la decisión del gobierno, el que administra este territorio. El Presidente de la República es el primer responsable de frenar la inmigración en masa que viene desde Venezuela. No es posible que Maduro nos vacíe sus cárceles y los envíe a Chile. El Presidente debe gobernar para todos los chilenos y no debe mirar dentro de sus coaliciones que lo apoyan.
Hay ideas que son plausibles como la del diputado Manouchehri, quien propuso cerrar las fronteras a los venezolanos, durante dos años, por aire, mar y tierra y limitarle los giros (remesas) que hacen todos los meses a su país. Eso regiría también por reciprocidad para los chilenos que visitan Venezuela, pero sería un duro golpe para los inmigrantes regulares e irregulares. Esto sería un punto de partida para dar una potente señal a los países que no se hacen cargo de sus connacionales: o los recibes o no entran más, legales o ilegales.
Los chilenos cargamos con eso de «Y verás como quieren en Chile al amigo cuando es forastero», pero, con todo respeto, es hora de poner orden y dejar de meter la tierra debajo de la alfombra. Juéguesela, señor Presidente o vamos a tener un Bukele y usted será indicado con el dedo como responsable, no el culpable, que ya está bajo tierra.