La libertad y la justicia son derechos humanos que hoy se transan en el mercado. Quien puede pagar un buen abogado tiene más posibilidades de lograr que la justicia sea justa, aunque no lo parezca.
El caso de la exalcaldesa de Maipú pareciera ser el caso contrario. El Juez resolvió dos asuntos: primero, que se acreditaron los delitos y la autoría de los mismos (hasta ahí el abogado privado no le sirvió de mucho a Cathy Barriga); segundo, el Magistrado no la envió a la cárcel, sino con arresto domiciliario total.
La libertad y la justicia jugaron a favor de esta última, aunque no lo parezca. La justicia se rige por códigos y todos debemos atenernos a ellos. ¡Ah, pero cómo! Si la fiscalía argumentó que el monto de más de 30 mil millones de pesos equivale a 55 fraudes de Democracia Viva, 28 de Vitacura, 20 de Algarrobo y 914 veces lo de Karen Rojo, ¿cómo el Juez no va a encarcelar a la señora Barriga?
Siendo la libertad un derecho inherente a la condición humana, debe quitarse de modo excepcionalísimo. El caso de Democracia Viva, que tiene encarcelados de modo preventivo a tres personas en Antofagasta, a todas luces, es todo lo contrario a lo obrado en Santiago, no por los montos, sino porque ahí no se ha perdido ningún peso. Este terminará, de ser condenados, siendo un caso que podría llevar a Chile a la Corte Interamericana de Justicia.
Ningún poderoso ha sido engrillado ni ha vestido el chaleco amarillo con el cartel a la espalda de «imputado», como el alcalde de Algarrobo y el exseremi de Vivienda de Antofagasta, ni la concejala ni el ex director de Democracia Viva. Esa práctica de Gendarmería, aparte de ser discriminatoria, rebaja la condición humana de personas que no han recibido condena de un Tribunal. Se trata de afectar la honra de las personas, las que el año 2022 llegaron a 66 mil 112 (24,7%) imputadas declaradas inocentes, de las cuales 1.782 estuvieron privadas de libertad ese año, según cifras proporcionadas por la Defensoría Penal Pública. Sí, la justicia (no los fiscales) envió a la cárcel a cinco inocentes por día y sigue haciéndolo, y un organismo dependiente del Ministerio de Justica, los vistió de amarillo.
El Juez de Garantía del Noveno Juzgado no se dejó amedrentar por la opinión pública, que actúa cada vez más como en la antigua Roma. Nos guste o no, la libertad es un derecho que debe ser restringida de modo excepcional, lo que no ocurrió con 1.782 ciudadanas y ciudadanos el año 2022. Distinto es el caso de condenados y rematados, como Karen Rojo y Jorge Vargas Bories, que gozaban de libertad al momento de la sentencia por la Corte Suprema.