Diputadas y diputados de derecha están preparando una sesión extraordinaria para condenar el estallido social. Cuando se habla de banalizar la política, de esto se trata.
Cómo no se trata de condenar las causas del estallido de 18 de octubre de 2019, entonces los señores diputados se avocarán a condenar los efectos. No, tampoco, pues entre los efectos habría que condenar la represión policial, las violaciones de derechos humanos y para ello no está convocada la sesión.
Tal vez lo que pretenden es condenar otro de los efectos, el Acuerdo por la Paz que nos llevó a redactar una nueva constitución y que todavía no tenemos.
La derecha está buscando darle piso al expresidente Sebastián Piñera, quien dijo y reiteró hace unos días que fue víctima de un golpe de Estado no tradicional, atípico, cuestión que se rebate por sí mismo cuando en medio del «golpe» salía a comer pizzas con los nietos y se tomaba fotos en la Plaza Baquedano.
Sin embargo, el expresidente ha salido a dar entrevistas a propósito de los 50 años del 11 de septiembre con, al parecer, otros fines. La fiscal Ximena Chong, quien lo interrogó como imputado en las querellas presentadas tras el estallido, ha seguido avanzando. Concretó las últimas entrevistas que le faltaban al ex Director General de Carabineros, Mario Rozas, y al actual jefe máximo de la policía uniformada, Ricardo Yáñez.
La justicia y la política van por caminos separados hasta que se toca a los poderosos. El fiscal nacional, Ángel Valencia, almuerza seguido en el Senado y comparte con parlamentarios de derecha, quienes le impusieron el nombre del abogado al Presidente, luego de rechazarle las dos primeras opciones.
El mes pasado, como ejemplo, Valencia sacó la causa de la ex alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, desde la fiscalía occidente y la pasó a la oriente, cuando estaba lista para ser formalizada por fraude al fisco. En el caso denominado Resistencia Mapuche Lafkenche la fiscalía no pidió prisión preventiva para los carabineros imputados, lo que debió enmendar la Corte de Apelaciones de Concepción junto a otro 3 ladrones de madera y terroristas, dejando detenidos a los 11 imputados.
¿Cómo podría el fiscal nacional ir contra la Cámara que condena el estallido social y, por tanto, justifica al expresidente? La derecha tiene los votos para acusar a la autoridad y, así como lo puso, sacarlo. Requiere que lo sancione la mitad más uno del Pleno de la Corte Suprema. Ya los tribunales de Garantía han desechado el «criterio Valencia» de pedir la prisión preventiva para detenidos extranjeros indocumentados.
El fiscal, como lo fue en su minuto Abbott, baila al ritmo de los parlamentarios de derecha y éstos tienen entre manos salvar el expresidente de una eventual formalización, que deberá resolverla Ximena Chong. En esta estrategia también entró al baile el Presidente Gabriel Boric, quien invitó a Piñera a viajar juntos a Paraguay a cambio de firmar la Declaración de Santiago: Amor con amor se paga.
En este escenario está planificándose la sesión extraordinaria para condenar el estallido. Para esto, para perder el tiempo la Cámara se da el lujo de gastar recursos de todos los chilenos, pero de pensiones, de reforma tributaria y una salud decente, no están disponibles.